El Índice Global de Tortura 2025 coloca a México en alerta por prácticas sistemáticas de tortura, a pesar de contar con un marco legal avanzado. Sobrevivientes denuncian que la justicia sigue siendo esquiva.
Por Edson DJV / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de junio 2025.- En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron el Índice Global de Tortura, un instrumento que evalúa el riesgo de sufrir tortura y malos tratos en 175 países. México forma parte de este primer análisis, que revela una alarmante contradicción: aunque el país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de la región en la materia, persisten prácticas generalizadas de tortura, impunidad sistémica y un preocupante incremento de la violencia institucional.
El informe, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) con datos recopilados por más de 200 organizaciones locales, fue presentado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Allí, especialistas y víctimas expusieron cómo la tortura sigue siendo utilizada como método de investigación, castigo y control social, particularmente en contextos de detención arbitraria, protesta social y prisión preventiva.
Olga Guzmán, responsable para las Américas de la OMCT, destacó que México ha sido reconocido internacionalmente por su marco jurídico contra la tortura, incluyendo la tipificación del delito, la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención y leyes de reparación integral para víctimas. Sin embargo, advirtió que estas normas chocan con figuras legales que facilitan la tortura, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, las cuales han sido señaladas por organismos internacionales por propiciar detenciones arbitrarias.
“Tenemos un sistema que, por un lado, dice combatir la tortura, pero por otro mantiene herramientas que la hacen posible”, señaló Guzmán. El Índice evaluó el riesgo de tortura en seis dimensiones, y en casi todas, México presenta niveles alarmantes. En el rubro de brutalidad policial y violencia institucional, el país obtuvo una calificación de “alto riesgo”, debido al creciente despliegue militar en tareas de seguridad pública y al uso excesivo de la fuerza. Datos recabados por la ONU indican que, entre 2018 y 2023, la Guardia Nacional utilizó armas de fuego en el 97% de sus intervenciones, muchas de ellas documentadas como ejecuciones extrajudiciales.
En el ámbito penitenciario, la situación es aún más grave. Según la Encuesta Nacional de Privación de la Libertad (2021), el 34.5% de las personas encarceladas reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de custodios. Además, organizaciones documentaron al menos 21 muertes bajo custodia en el Cefereso 16, un caso emblemático de tortura y negligencia médica.
Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la casi total impunidad que rodea a los casos de tortura. De acuerdo con el Observatorio Contra la Tortura, en 2023 se iniciaron 4,592 investigaciones por este delito a nivel nacional, pero sólo 18 (0.1%) llegaron a juicio. Esta cifra refleja un sistema de justicia que no sólo falla en sancionar a los responsables, sino que en muchos casos revictimiza a quienes denuncian.
Erick Razo, sobreviviente de tortura, relató cómo en 2011 fue detenido arbitrariamente por policías federales y sometido a golpes, asfixia y amenazas de muerte para forzar una confesión falsa. Aunque fue absuelto tras 11 años en prisión, en junio de 2024 fue detenido nuevamente bajo acusaciones fabricadas. “El sistema judicial está podrido. Los policías, ministerios públicos y jueces actúan en complicidad”, denunció.
Su hermana, Verónica Razo, quien pasó 13 años encarcelada en las mismas condiciones, agregó que incluso después de su liberación, el Estado no ha cumplido con reparar el daño. “Nos dicen que nuestros antecedentes penales están limpios, pero seguimos siendo tratados como delincuentes. La tortura no termina cuando sales de prisión”, expresó.
El informe también documenta el uso sistemático de la tortura sexual cómo forma de castigo, especialmente contra mujeres y población LGBTQ+. Lucía Alvarado, hermana de un interno en un penal de máxima seguridad, denunció que la falta de atención médica es otra forma de tortura: “A mi hermano lo dejaron morir lentamente por una infección que pudo tratarse a tiempo”, comentó.
En el contexto de protestas sociales, Julián Ramírez, sobreviviente de la represión en Cancún en 2019, narró cómo policías dispararon directamente contra manifestantes y luego sometieron a detenidos a golpizas y abusos sexuales. “A mi pareja y a mi amiga las violaron frente a mí. Todo quedó impune”. Por otro lado, refirió que la jueza, quien llevó todo el proceso penal de él y sus allegadas, al momento de liberar a los policías que cometieron dichos actos les dijo: “esto es un juzgado, aquí no se viene por justicia, se viene a desescalar conflictos. Si pueden darse la mano”.
Otro de los casos expuestos fue el de Alejandra Elizondo, madre de Ángela, una adolescente de 15 años que murió en 2020 por tortura en un centro de rehabilitación clandestino. Aunque los responsables fueron sentenciados, un tribunal revocó la condena por “errores administrativos”. “La tortura en nombre del ‘tratamiento’ sigue matando, y el Estado no hace nada”, afirmó.
Ante este panorama, el Índice Global de Tortura planteó cuatro demandas clave al Estado mexicano: 1) eliminar figuras legales que facilitan la tortura, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, 2) investigar y sancionar efectivamente todos los casos de tortura, garantizando que las fiscalías especializadas cuenten con recursos suficientes, 3) reparar integralmente a las víctimas, incluyendo indemnizaciones, rehabilitación psicológica y garantías de no repetición y 4) regular centros de privación de libertad, desde prisiones hasta “clínicas” de rehabilitación, para evitar malos tratos.
Por último, hicieron énfasis en que la presentación del Índice deja en evidencia que, más allá de los discursos oficiales, la tortura sigue siendo una política de Estado en México. Los testimonios de las víctimas muestran un patrón recurrente: detenciones arbitrarias, confesiones bajo tortura, procesos judiciales viciados y una impunidad que se perpetúa. Como señaló Abigail Martínez, coordinadora de la red Tejiendo Redes Contra la Tortura: “No es solo un problema legal, es una crisis humanitaria. Cada día que pasa, más personas son torturadas con el consentimiento del Estado”.
