Frente a Casa Michoacán y el Palacio de Gobierno, la comunidad autónoma purépecha de Cherán K’eri denunció la omisión del Estado ante el ataque del 2 de julio, exigió justicia para los caídos y apoyo a su modelo de autogobierno y seguridad comunitaria.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Morelia, Michoacán, 9 de julio 2025.- La comunidad indígena autónoma de Cherán K’eri se movilizó este miércoles 9 de julio por las principales calles de Morelia para denunciar la violencia que persiste en su territorio y exigir justicia ante la omisión de las autoridades estatales y federales.
Convocados por su Asamblea General, máxima autoridad comunal, los pobladores marcharon desde Casa Michoacán hasta el Palacio de Gobierno para exigir seguridad, justicia y respeto a su autonomía.
Durante la marcha, las y los comuneros denunciaron el ataque armado que sufrieron el pasado 2 de julio, cuando grupos del crimen organizado agredieron directamente a su comunidad. Frente a esta agresión, la Ronda Comunitaria activó los protocolos de defensa y reforzó las barricadas para proteger a la población. Esta movilización no solo buscó denunciar ese ataque, sino evidenciar la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Con consignas como “Cherán vive”, “Justicia para los caídos” y “Ni un paso atrás”, la movilización avanzó por las calles de Morelia, pasando por la avenida Solidaridad, Plaza Carrillo y la calle Abasolo, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. Frente al Palacio de Gobierno, la comunidad reiteró su postura: “la defensa de su territorio no es negociable y la seguridad de su gente es un derecho que el Estado debe garantizar.”
La historia de Cherán K’eri es un ejemplo de resistencia indígena. Desde 2011, la comunidad expulsó a los partidos políticos, a los talamontes y al crimen organizado que saqueaban sus bosques y asesinaban a su gente con la complicidad de autoridades estatales y federales. A 14 años del inicio de su lucha por la autonomía, Cherán ha construido un modelo de autogobierno y autodefensa indígena basado en usos y costumbres, reconocido legalmente por la Constitución mexicana.
Durante la movilización, la comunidad presentó un pliego de demandas. En primer lugar, exigieron apoyo inmediato y equipamiento digno para la Ronda Comunitaria, incluyendo capacitación técnica que respete su autonomía operativa, tal como lo establece el artículo 2º constitucional y los tratados internacionales firmados por México. También reclamaron la presencia exclusiva de la Guardia Nacional en la región, rechazando tajantemente a la Guardia Civil del estado de Michoacán, a la que acusaron de omisión, hostigamiento y parcialidad en situaciones previas.
Otra de las demandas centrales fue el esclarecimiento inmediato de los hechos ocurridos el 2 de julio. Exigieron a la Fiscalía General del Estado un informe detallado sobre las líneas de investigación, las personas detenidas o vinculadas y las medidas de protección implementadas tras el ataque.
Además, solicitaron un registro completo y público de las víctimas directas e indirectas, así como atención integral a las familias afectadas, con una reparación del daño que tenga un enfoque comunitario y culturalmente pertinente. La comunidad también demandó un compromiso institucional para la búsqueda de personas desaparecidas en la región purépecha.
En materia de infraestructura, pidieron apoyo federal para fortalecer las barricadas comunitarias y mejorar los puntos de vigilancia mediante la instalación de iluminación, cámaras de seguridad y señalización adecuada. Propusieron la instalación de mesas de trabajo permanentes con el Gobierno Federal que se desarrollen en territorio purépecha, con la participación activa de autoridades tradicionales y comunales, con el objetivo de acordar políticas públicas en materia de seguridad, justicia y autonomía.
Finalmente, exigieron una disculpa pública del Secretario de Gobierno del Estado, Carlos Torres Piña, por las declaraciones emitidas el 2 de julio, las cuales minimizaron y distorsionaron la gravedad de los hechos vividos por la comunidad.
Durante el mitin, recordaron que los territorios indígenas no son zonas de guerra, ni mercancía, ni botín político. Reafirmaron que los pueblos originarios tienen derecho a vivir en paz, con justicia y dignidad, y que su autonomía debe ser respetada sin condiciones ni injerencias externas.
La comunidad enfatizó que el ataque del 2 de julio es parte de una escalada de violencia que durante décadas han enfrentado las comunidades indígenas, donde la complicidad entre autoridades y grupos criminales ha perpetuado el saqueo y la violencia. A pesar de ello, insistieron, “Cherán K’eri no ha dado un paso atrás en la defensa de su territorio y continuará resistiendo con organización comunitaria.”
La comunidad agradeció la solidaridad recibida desde diferentes regiones del país y del mundo, la cual, aseguraron, fortalece su lucha. “Por nuestras víctimas, por quienes han sido silenciados, por quienes aún no regresan a casa, exigimos verdad, justicia y reparación”, expresó la Asamblea General.
La comunidad resaltó que permanecerá en alerta máxima y no permitirá que la violencia del crimen organizado ni la omisión del Estado pongan en riesgo su autonomía. “La seguridad de nuestros habitantes es una prioridad, y la defensa del territorio continuará mientras no se garantice una paz digna y verdadera para sus pobladores.”
