El reportaje Esclavos en la Sierra Tarahumara documenta una red de reclutamiento mediante engaños, trabajo forzado y omisiones institucionales en Chihuahua. La investigación reconstruye el caso de 21 hombres rescatados en 2019 de campamentos controlados por grupos criminales.
Comunidades nahuas de Guerrero sufrieron días consecutivos de ataques con drones artillados. Más de 800 desplazados, 4 asesinados y 13 desaparecidos mientras el Ejército fue testigo sin intervenir.
A 15 años del levantamiento del 15 de abril de 2011, la comunidad purépecha de Cherán K’eri se mantiene como un caso de autogobierno en México: expulsó al crimen organizado y a los partidos políticos, recuperó su territorio forestal afectado por la tala ilegal y sostiene un sistema de organización basado en asambleas, fogatas y estructuras comunitarias de seguridad.
El Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y el Observatorio de Violencia Social y de Género manifestaron su preocupación por la posible identificación de víctimas de desaparición forzada entre los detenidos en Rincón de Romos y solicitaron una investigación con enfoque en derechos humanos.
En una audiencia clave en Washington, organizaciones sociales denunciaron el avance del crimen organizado sobre las instituciones de justicia y propusieron estrategias ciudadanas para combatir la impunidad desde un enfoque de derechos humanos.
El boxeador mexicano fue arrestado por ICE en California y enfrenta una deportación acelerada por su presunta participación en crimen organizado y posesión de armas ilegales.
Jenny Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana del CIESAS, permanece desaparecida desde el 26 de agosto en la Ciudad de México. Familiares y redes de apoyo denuncian inconsistencias en el caso y exigen una búsqueda con perspectiva de género. La Fiscalía capitalina aseguró el inmueble donde fue vista por última vez.
Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en 25 entidades de México, una investigación de Fundar documenta que la centralización de los servicios, los horarios limitados, la falta de presupuesto, los estigmas y las trabas administrativas continúan obstaculizando el acceso al aborto seguro dentro del sistema público de salud.
