El reportaje “Esclavos en la Sierra Tarahumara” reconstruye el reclutamiento mediante engaños de hombres sometidos a trabajo forzado en el cultivo de amapola y marihuana, así como las omisiones de las autoridades antes y después del rescate de 21 personas en 2019.
Por Yolanda Bahena / @wiolandmx
CIUDAD DE MÉXICO.— Una investigación periodística documentó la existencia de una red de trata que reclutó mediante engaños a hombres jóvenes y en condiciones de precariedad para trasladarlos a zonas aisladas de la Sierra Tarahumara, donde fueron privados de la libertad y obligados a cultivar amapola y marihuana bajo amenazas, castigos y vigilancia de grupos criminales.
Los hallazgos forman parte del reportaje y audiorreportaje Esclavos en la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, elaborado por las periodistas Marcela Turati y Thelma Gómez Durán, junto con el periodista y editor Eliezer Budasoff, para Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
La investigación fue presentada la tarde del miércoles 29 de julio durante un conversatorio realizado en el auditorio Luzy, en la Ciudad de México. En el encuentro participaron las autoras y el autor del reportaje, el actor Daniel Giménez Cacho y el sacerdote jesuita Javier “El Pato” Ávila.
El trabajo periodístico partió del rescate de 21 hombres realizado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a mediados de 2019. Las víctimas se encontraban en un campamento de trabajo forzado en la Sierra Tarahumara, donde dormían en cuevas y eran obligadas a trabajar en cultivos de amapola y marihuana.
Aunque los hombres habían permanecido incomunicados y sus familias desconocían su paradero, solo cuatro de los 21 habían sido reportados oficialmente como desaparecidos. Uno de los sobrevivientes estuvo cautivo durante casi tres años.
Engañados con ofertas de trabajo
Durante el conversatorio, Marcela Turati explicó que la investigación comenzó en junio de 2019, después de leer una noticia sobre el rescate. Desde años atrás, la periodista buscaba documentar casos de personas desaparecidas que habían sido localizadas con vida.
“Cuando vi esta noticia pensé: estos pueden ser algunos de ellos”, relató Turati, quien viajó a Chihuahua para revisar el caso y buscar a los sobrevivientes.
Las entrevistas y documentos consultados permitieron reconstruir un mecanismo de reclutamiento que operaba desde al menos 2015. Los enganchadores buscaban principalmente a hombres jóvenes en colonias periféricas, centrales camioneras, vías ferroviarias, asentamientos indígenas y lugares donde personas desempleadas esperaban conseguir trabajo.
Les ofrecían empleos para colocar cercos, limpiar terrenos, cuidar ganado o realizar labores agrícolas. Sin embargo, una vez trasladados a la sierra, eran entregados a hombres armados y obligados a trabajar sin recibir salario ni tener posibilidad de abandonar los campamentos.
Thelma Gómez Durán señaló que investigaciones periodísticas anteriores ya habían advertido sobre el reclutamiento forzado y los engaños utilizados por grupos del narcotráfico para captar jóvenes.
La periodista precisó que los hombres investigados no fueron reclutados para desempeñarse como sicarios ni para producir drogas sintéticas, sino como mano de obra forzada en los cultivos de marihuana y amapola.
Tortura, hambre y cautiverio
Los testimonios recopilados describen jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban al caer la noche. Los hombres dormían en cuevas, recibían poca comida y permanecían vigilados por personas armadas.
Quienes se negaban a trabajar o intentaban escapar eran golpeados, amarrados a árboles, privados de alimentos o sumergidos en ríos hasta casi ahogarse. La investigación también documentó violencia sexual y asesinatos dentro de los campamentos.
Durante el conversatorio, Daniel Giménez Cacho leyó fragmentos de las declaraciones ministeriales y de las entrevistas realizadas a los sobrevivientes.
Uno de ellos, identificado en el expediente con las iniciales BAR, declaró que fue obligado a cultivar amapola y marihuana durante casi tres años. Según su testimonio, en los campamentos podían permanecer decenas de hombres y algunas cuevas eran utilizadas como dormitorio para grupos de hasta 30 personas.
BAR logró escapar en 2018 junto con un adolescente rarámuri que había sido reclutado cuando tenía 17 años. Ambos caminaron durante varios días por la sierra antes de encontrar ayuda. La declaración de BAR quedó integrada en un expediente de la Fiscalía de Chihuahua.
La investigación señala que sus testimonios no fueron las primeras advertencias sobre la existencia de estos campamentos. Desde diciembre de 2015, migrantes mexicanos y centroamericanos habían denunciado que grupos criminales los bajaban de los trenes para llevarlos a trabajar por la fuerza en cultivos de droga.
Omisiones antes y después del rescate
Turati sostuvo que, al revisar expedientes y cruzar testimonios, las periodistas encontraron denuncias previas que no habían provocado acciones inmediatas para localizar a las personas cautivas.
“Empezamos a ver que había una negligencia o indolencia”, afirmó durante el conversatorio. De acuerdo con la investigación, las autoridades contaban desde 2018 con al menos dos testimonios formales que advertían que decenas de hombres permanecían retenidos en la sierra, pero el operativo de rescate se realizó hasta julio de 2019.
El reportaje documenta que los campamentos siguieron funcionando después del rescate. En 2022, otras 15 personas originarias de Guachochi fueron privadas de la libertad y llevadas a trabajar en los mismos campos.
Las personas que participaban en el reclutamiento también continuaron operando en las colonias donde vivían algunas de las víctimas. Pese a los testimonios y pruebas reunidas, solo una persona fue condenada por el caso de 2019. Había recibido una sentencia de 22 años y seis meses de prisión, pero fue liberada antes de cumplirla y quedó sujeta a otro proceso judicial.
Javier “El Pato” Ávila señaló que la permanencia de estos mecanismos de explotación no puede entenderse sin considerar las omisiones y posibles redes de protección que permiten operar a los grupos criminales en la Sierra Tarahumara.
“¿De qué nos habla eso? De complicidades, de arreglos y de convenios”, expresó el sacerdote jesuita.
Sobrevivientes abandonados
Las periodistas también documentaron que, después del rescate, los hombres no recibieron atención psicológica suficiente, acompañamiento institucional ni apoyos para reconstruir sus vidas.
Varios regresaron a los mismos contextos de pobreza, violencia y consumo de drogas en los que habían sido reclutados. Algunos presentaban afectaciones emocionales, dificultades para relatar cronológicamente lo vivido y temor a posibles represalias.
Turati destacó que la investigación fue posible gracias a los sobrevivientes que accedieron a hablar, pese al miedo y a la falta de garantías de protección.
“Es gracias a ellos que sabemos lo que ocurre dentro de estos lugares”, señaló.
Para junio de 2025, al menos cinco de los 21 hombres rescatados en 2019 habían muerto. Sus nombres eran Hipólito Ponce de León González, José González González, Ernesto Hernández Porras, Ezequiel Barrera Wisard y Sergio González Cruz.
De acuerdo con las actas de defunción revisadas por las y los periodistas, sus muertes estuvieron relacionadas con agresiones, enfermedades crónicas, infecciones y asfixia por suspensión. Algunos habían regresado del cautiverio con problemas de salud y sin recibir atención integral por parte del Estado.
El reportaje concluye que las autoridades no investigaron qué ocurrió con otras personas mencionadas por los sobrevivientes, pese a que los testimonios refieren la presencia de cientos de trabajadores cautivos en diferentes campamentos.
La investigación completa puede consultarse y escucharse en las plataformas de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
