Por Max González Reyes
El movimiento estudiantil de 1968 fue un parteaguas en la historia de México. La matanza del 2 de octubre de aquel año demostró el control que el gobierno tenía sobre los medios de comunicación, pero, sobre todo, la insensibilidad del grupo gobernante al sector estudiantil. Aquellos eran los tiempos del régimen de partido prácticamente único, frente a una sociedad que políticamente empezaba a despertar después de un largo letargo. En ese sentido, el sector juvenil era la punta del iceberg de una serie de demandas que la sociedad empezaba a exigir.
Frente a ello, el sistema político predominante en la década de los sesenta se negaba a reconocer esos cambios. Como se recordará, en el informe presidencial de 1969, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz se hizo responsable de los acontecimientos del año anterior y todo el auditorio celebró tan digna proeza. Todavía para la elección presidencial de 1976 el candidato del partido en el poder, el PRI, compitió sin tener adversarios obteniendo un resultado unánime, pero con una falta de credibilidad más que clara.
La década de los setenta se recuerda porque en ella la oposición se debatió por dos caminos: transitar por la vía de la legalidad, a través de la formación de partidos políticos; o inclinarse por el ala radical, que se manifestó a través de la formación de guerrillas en una confrontación directa con el gobierno. Los personajes que se inclinaron por la legalidad estuvieron “picando piedra” para que las formaciones políticas tuvieran un reconocimiento legal. Posteriormente, un gran avance fue la reforma política de 1977, con la que se instauró un sistema que combinaba la mayoría relativa con la representación proporcional. Fue así que al Partido Comunista Mexicano (PCM), que ya tenía tiempo viviendo en la clandestinidad, se le otorgó registro condicionado en 1978, junto con el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Posteriormente, el PCM cedió su registro al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1981, cuando se fundó el PSUM.
Años después, la elección presidencial de 1988 demostró que el sistema político era insostenible porque no tenía credibilidad. Los errores en la economía, los desgastes de las reglas del juego en el sistema político, así como los excesos que permitía, llevaron a un descrédito a la clase gobernante que a la postre fue insostenible. Todo ello contribuyó a que en 1997 el partido gobernante no tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y que en el año 2000 perdiera la presidencia de la República.
Muchos de estos líderes partidistas habían iniciado su trayectoria en las filas del movimiento estudiantil de 1968, como Heberto Castillo, Gilberto Guevara Niebla y Pablo Gómez. Fue con base en la perseverancia, la insistencia y la movilización que los esfuerzos para abrir la brecha en el reconocimiento a los partidos de oposición que poco a poco empezaron a dar fruto. Estos líderes empezaron a escalar posiciones de tal manera que fueron reconocidos en el ámbito de la izquierda.
Es innegable que el andar para la democratización del país ha pasado por la serie de reformas que paulatinamente abrieron espacios a la oposición en el Poder Legislativo y con ello contribuyendo a la competencia. Las reformas que se dieron entonces, fueron ideadas para que las minorías políticas llegaran al Poder Legislativo, pese a no ganar ni una elección. Gracias a la reforma de 1977 que los primeros 100 diputados plurinominales llegaron a la Cámara de Diputados en 1979. Uno de ellos fue Pablo Gómez. Es decir, gracias a la reforma de aquel año 1977 que se permitió una apertura para que los partidos pequeños tuvieran representatividad en el Congreso.
Es por ello que hoy se percibe una marcada contradicción entre los orígenes que dieron pie a que muchos años después, surgiera Morena y lo que pretende hacer con la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, al eliminar a la oposición. Desaparecer la representación proporcional implicaría inclinar la balanza de un solo lado; mantenerla, es conservar la diversidad porque hoy en día no hay cabida para un solo partido.
Cabe recordar que todas las reformas electorales que ha tenido México surgieron de partidos políticos y del Poder Legislativo, en las que hubo un diálogo del representante del gobierno con los partidos de izquierda. Sin embargo, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que por decreto creó la presidenta Sheinbaum, no incluirá a los partidos ni legisladores de oposición. Dicha Comisión “estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades: una persona servidora pública designada directamente por la presidenta de la República quien asumirá la Presidencia Ejecutiva de la Comisión; la Secretaría de Gobernación; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Oficina de la Presidencia de la República; la Coordinación de Asesores del presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República”.
De entrada, el anuncio de la designación de Pablo Gómez Álvarez, como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es una preocupación. Si bien, él viene de toda una lucha democrática al ser líder estudiantil en ese fatídico 1968, fue uno de los que optaron por la opción partidista, tan es así que se volvió experto en temas electorales. Las veces que ha sido legislador lo ha sido por la vía plurinominal. Sin embargo, el hecho de que hoy se designe como responsable de la próxima reforma hace pensar que desde el ejecutivo buscan blindar la elección de 2027, para buscar mantener la mayoría en el Congreso, y en 2030 mantener la presidencia.
Así pues, la reforma al estilo de Morena ya está en marcha. Que no nos sorprenda el tipo de reforma que presentarán.
