Este lunes, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, concejales de Santiago Mexquititlán se pronunciaron contra la Ley de Concesiones de Agua en Querétaro.
Por: Noemi Otañez/ @NoemiOtanz/ @somoselmedio
Al grito “no es sequía, es saqueo” y “el agua no se vende, se ama y se defiende”, las concejalas reafirmaron que su lucha es por el agua y por la vida.
En conferencia de prensa, Carlos Gonzáles García, abogado de la comunidad de Otomí de Santiago Mexquititlán explicó que el pasado primero de agosto, el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Querétaro, concedió el amparo 907/2022 a favor de la comunidad de Otomí, para que no se prive de los derechos a la comunidad.
Gonzáles García, puntualizó que la Ley es inconstitucional e inconvencional y que violenta derechos de los pueblos indígenas de Querétaro y de la sociedad en general.
“Violenta derechos y garantías fundamentales que están reconocidos en los artículos 1ero, 2do, 4to, 27 y 31 constitucionales y violenta de manera grave disposiciones de convenios y tratados internacionales.”
González, afirmó que la Ley contiene un violación grave por no haber sido consultada a las comunidades y pueblos indígenas de Querétaro; los acuerdos entre los poderes legislativos y ejecutivos del estado crearon y expidieron dicha Ley.
“La suspensión se concedió, dada la gravedad de los actos señalados y de la afectación de los derechos sustantivos de la comunidad, el 09 de agosto, a partir de una audiencia incidental. Esperamos la suspensión definitiva a la comunidad para que no se privatice el agua.”
Por su parte, Estela Hernández, integrante del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, señaló que en reunión con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), ambos organismos en coordinación, acordaron la restitución del pozo de agua potable del Barrio Cuarto de la comunidad originaria, sin embargo, en una segunda reunión, la CEA se retractó del primer acuerdo y, en el tercer diálogo la CONAGUA permaneció con la disposición, pero la CEA argumentó que la Ley de Concesiones impedía cumplir su promesa del primer diálogo; ante las posturas de las organizaciones los diálogos quedaron suspendidos.
“La CEA saqueaba nuestra agua a través de pipas y de tuberías a empresas privadas y comunidades que no son del estado de Querétaro, mientras en las comunidades del estado sigue existiendo escasez. El agua potable es de mala calidad, y se niegan a devolverla al pozo de agua al Barrio Cuarto de la comunidad”, resaltó Estela Hernández.
Ante esto, la comunidad autónoma de Santiago Mexquititlán, denunció que la Ley de Concesiones del Agua en Querétaro, viola su autonomía y sus derechos al agua.
“Nos están robando esa autonomía de manera descarada cuando nos quieren cobrar tributo por todo, para entregárselos a las empresas a costa de la miseria en nuestra comunidad.”
El pasado 20 de julio, la Defensoría de Derechos Humanos y la CNDH, emitieron comunicados donde explicaban que la Ley no violentaba el derecho al agua sino que permitía concesionar los servicios de la red de agua potable y no el vital líquido, por lo que la Ley no era inconstitucional.
Estela Hernández cuestionó el actuar de las autoridades, las cuales buscan que los pueblos y comunidades indígenas sean representados por instituciones, para que desistan de su lucha, con tanto trámite burocrático.
“Es inconcebible que siempre nos pongan a alguna institución para que hable por nosotros y, entre tanto trámite burocrático nos vayan perdiendo y, además, vayamos perdiendo el ideal de una vida digna, ante esto te meten tanto miedo para que te conformes a ser sumiso ante ciertas falsas autoridades y malos gobiernos.”
