Los caciques y los generales son parte de la historia negra de Guerrero. Son los responsables de las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones y torturas de indígenas, campesinos, colonos, maestros y estudiantes normalistas.
Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
La dupla de caciques y generales que han ostentado el poder en Guerrero, esparcieron la sangre de hombres y mujeres que tuvieron el valor de encarar a un poder obtuso. El mar, la sierra y las montañas están pobladas de personas asesinadas. Abundan las cruces y las fosas clandestinas, proliferan las armas y el uso de la fuerza letal entre las corporaciones policiacas, el ejército y la marina, que están coludidos con las organizaciones criminales.
La guerra de contrainsurgencia implantada como política de estado fue operada por caciques y generales que adiestraron a la tropa y a las brigadas blancas en las prácticas de la tortura y la desaparición forzada de personas. El caso de Rosendo Radilla es emblemático porque desenmascaró las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército en los años de la guerra sucia, cuando desaparecieron de manera forzada a más de 600 personas, ejecutaron a un gran número de luchadores sociales e implantaron el terror, con la práctica generalizada de la tortura.
El cacicazgo político y la bota militar encarnaron a los personajes siniestros que sometieron a una población insurrecta, ávida de justicia y democracia. Los caciques de Guerrero emergieron de las castas militares del porfiriato y del movimiento revolucionario. Con las armas se abrieron paso para tomar el poder. Se apoderaron de amplias franjas del territorio guerrerense y consolidaron sus empresas con el presupuesto público.
La producción de la marihuana en Guerrero adquirió fama mundial con la variedad conocida como Acapulco Gold por su potencia psicoactiva que atrajo al turismo internacional. Desde la década de los 60 la guerra y la droga fueron el gran negocio para los caciques y los generales, que además de reprimir a la población civil, expandían la siembra de la marihuana y la amapola en las zonas costeras y serranas. Acapulco se transformó en el paraíso de los capos de la droga.
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La explotación de maderas preciosas en reservas boscosas se transformó en otra minita de oro para los caciques regionales, que aprovecharon la ausencia de las instituciones gubernamentales, para acelerar el saqueo. En la sierra de Petatlán se urdió la alianza entre empresas extranjeras, caciques y crimen organizado con la complicidad de los mandos militares. Rogaciano Alba fue el prototipo del cacique que encompadraba generales para afianzar negocios ilícitos, como la explotación ilegal de la madera, la venta de armas y el trasiego de la droga. Fue famosa la operación que realizó el gobernador Rubén Figueroa con la empresa Boice Cascade, que arrasó los bosques con la protección del ejército. En esas operaciones ilegales trasladaban la goma de opio en los troncos de los árboles. Los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, encararon a los caciques y al ejército bloqueando la salida de sus camiones. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos y torturados por militares acusados por portación de armas y siembra de enervantes.
El cacicazgo de Rubén Figueroa Figueroa fue desquiciante porque aplicó el lema porfirista de matar en caliente, utilizando a los cuerpos de seguridad y al ejército para ejecutar a los guerrilleros y a la población civil. El ejército, con el general Acosta Chaparro al frente tomaron el control de la seguridad pública del estado. La proliferación de filtros militares, además de imponer el estado de sitio, aseguraba el trasiego de la droga trazando rutas trasnacionales por aire, mar y tierra. En pie de la cuesta no sólo despegaban los aviones de la muerte, también llegaban aviones de sudamérica con paquetes de cocaína. Los lancheros obtenían mejores ingresos con la droga que caía en el mar, que con sus actividades pesqueras y turísticas.
Los caciques, con el apoyo de las autoridades federales y estadounidenses abrieron la ruta de Iguala a las ciudades de Chicago y Atlanta. En estos viajes varios autobuses fueron adaptados para transportar droga. No es casual que en el informe de la Comisión de la verdad se comente que el quinto autobús, contenía “mercancía” (droga y/o dinero), y que llegó a Morelos, librando todos los retenes. La protección de los policías federales y del ejército garantizaban el trayecto seguro de los autobuses hasta la frontera. Iguala es la boca sierra y el centro estratégico para el trasiego de la droga al estado de México, Morelos y la capital del país. La sierra de Tlacotepec es el enclave más prolífico para el procesamiento de la heroína. En el corredor de Iguala, Cocula y la Tierra Caliente las empresas mineras pagan cuotas al crimen organizado para asegurar la extracción del oro.
Desde que un comando guerrillero liberó a Genaro Vázquez de la cárcel de Iguala en 1968, el gobierno federal militarizó la región y expandió su dominio en la zona serrana. La política de contrainsurgencia incorporó la guerra contra el narcotráfico que incrementó la violencia por la disputa territorial y los negocios trasnacionales. En el 2005 el general Clemente Vega cedió un predio en Iguala para la plaza tamarindos que construyó el presidente José Luis Abarca.
La matanza de Chilpancingo cometida por el ejército en 1960 en el gobierno del general Raúl Caballero Aburto; la de Aguas Blancas ordenada por Rubén Figueroa asesorado por el general Acosta Chaparro; la masacre de El Charco, perpetrada por el ejército en el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero; las 2 ejecuciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el 2011 por policías estatales y federales, que tuvo al mando al general Ramón Miguel Arriola y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, con Ángel Aguirre, marcaron con sangre el rastro de los caciques desalmados. Las autoridades federales prefirieron destituirlos en lugar de encarcelarlos. A los mandos militares los premiaron con ascensos e impunidad.
Los caciques y los generales son parte de la historia negra de Guerrero. Son los responsables de las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones y torturas de indígenas, campesinos, colonos, maestros y estudiantes normalistas. No son ajenos a la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sus atrocidades los delatan. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, las 30 órdenes de aprehensión giradas contra militares, el involucramiento del gobernador Ángel Aguirre, de la presidenta del tribunal de justicia Lambertina Galeana, el procurador Iñaki Blanco, el secretario de seguridad pública Leonardo Vázquez, forman parte de la urdimbre delincuencial que ha causado estragos en Guerrero. A 95 meses de la tragedia de Iguala, las madres y padres de los 43, no claudicarán hasta que haya justicia y tengan la certeza sobre el paradero de sus hijos.
