Pese a los señalamientos de pobladores de la zona norte de Zapopan sobre las malas condiciones del transporte público, en reunión con autoridades estatales y federales se señaló que nada se pueden hacer para bajar la tarifa de 15 pesos interpuesta de manera arbitraria por la empresa Omnibus.
El CEPAD realizó el evento “Ausencias diversas: La desaparición de personas LGBTI+”, en donde se dialogó sobre la desaparición de las personas LGBTI+ y se expuso como esta población se encuentra en extrema vulnerabilidad por su orientación sexual.
Para Pablo Gaytán, “Rebelar la Memoria: 100 años del sindicato revolucionario de inquilinos”, propone una interpretación fresca y vital de los eventos que moldearon la resistencia anarquista y feminista en el Puerto de Veracruz contra el blanqueamiento por despojo (gentrificación) y la renta inquilinaria.
La Sala Superior del TEPJF determinó que los partidos políticos nacionales deben postular, al menos, a cinco candidatas a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en los procesos electorales locales 2023-2024, promoviendo la igualdad de género en la política mexicana.
La exposición “¿Qué es un Co-laboratorio urbano?” busca visibilizar los efectos del despojo urbano y promover la defensa de espacios públicos y relaciones vecinales.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
