La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) toma medidas tras protestas de la comunidad, clausurando basurero en San Pedro Cholula y desatando tensiones con autoridades municipales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la soberanía nacional y anuncia medidas legales tras el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, mientras revela la ambigüedad de las posturas internacionales ante el incidente.
Líderes y Organismos Internacionales se solidarizan con México y rechazan acciones que ponen en en riesgo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas en Ecuador, mientras la OEA llama al diálogo para resolver diferencias.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador tras la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito marca un punto álgido en las tensiones entre ambas naciones, desencadenando una serie de medidas diplomáticas y políticas de repercusión internacional.
Ante la escalada diplomática entre México y Ecuador, el Gobierno mexicano toma medidas para proteger a su personal diplomático mientras otorga asilo político a un ciudadano ecuatoriano. La tensión crece en medio de reclamos de respeto a la soberanía y a las obligaciones internacionales.
Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales y federales localizaron a cerca de 700 personas explotadas laboralmente en un rancho agrícola; muchas de ellas provenían de estados del sur del país y vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Entre marzo y mayo de 2025, la organización registró ataques físicos, amenazas, campañas de desprestigio y hostigamiento contra mujeres que ejercen el periodismo o defienden derechos humanos en diversas entidades del país.
Colectivos y organizaciones civiles documentaron graves violaciones a derechos humanos en el manejo de restos forenses; exigen investigación inmediata y sanciones ejemplares.
En Guadalajara, ante la falta de mecanismos efectivos para regular las rentas y frenar desalojos, el colectivo OKUPA GDL impulsa la reactivación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, una estrategia legal y política para proteger el derecho a la vivienda. La iniciativa busca responder al encarecimiento del suelo urbano, al aumento de viviendas deshabitadas y al debilitamiento de las garantías para quienes rentan o pagan hipoteca.
