Ante el incremento de denuncias por agresiones mediante “pinchazos” en espacios públicos como el Metro, el Congreso capitalino aprobó una reforma que tipifica como delito autónomo la administración subrepticia de sustancias sin consentimiento. La medida busca proteger la integridad física y la autonomía de las personas, especialmente mujeres y grupos vulnerables.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 30 de mayo 2025.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría el dictamen que tipifica como delito la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos o engaños, una práctica que ha generado creciente alarma social por su ocurrencia en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La reforma, que adiciona el artículo 141 Quáter al Código Penal local, establece una pena de dos a cinco años de prisión y multas de cincuenta a trescientos días, a quien introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia sin el consentimiento de la víctima, ya sea de manera oculta o mediante engaño. La penalidad podrá aumentar hasta en una mitad si se trata de sustancias psicoactivas, narcóticas o tóxicas, si se pone en riesgo la vida de la víctima, o si se comete contra personas en situación de vulnerabilidad o en espacios como el transporte público.
La iniciativa, propuesta por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), fue respaldada por legisladores de todas las bancadas. El dictamen también contempla la creación del capítulo II Bis “De la sumisión química por pinchazo” en el Código Penal, como respuesta a una modalidad delictiva que hasta ahora no contaba con un marco legal específico.
Durante la discusión en tribuna, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), en representación de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, subrayó la urgencia de actualizar el marco penal para enfrentar “nuevas formas de criminalidad”. Señaló que en las últimas semanas se ha documentado un aumento en las denuncias por agresiones con objetos punzocortantes que podrían estar impregnados de sustancias químicas, especialmente en instalaciones del Metro.
Según testimonios de víctimas, tras los ataques se han presentado síntomas como mareos, somnolencia y desorientación, lo que sugiere la posible administración de químicos con fines aún no esclarecidos. Esta modalidad de agresión ha encendido alertas por su potencial para facilitar delitos más graves como el robo, el abuso sexual o incluso la trata de personas.
Diversos legisladores reconocieron la aprobación como un paso crucial, aunque insuficiente. La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) celebró el reconocimiento oficial del fenómeno, que inicialmente fue desestimado como una campaña de desinformación, y pidió aumentar las penas previstas.
Por su parte, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) destacó que el dictamen representa “un paso significativo para proteger los derechos de las personas usuarias del transporte público”, mientras que el legislador Jesús Sesma Suárez (PVEM) señaló que se trata de “prácticas criminales que pueden escalar rápidamente hacia delitos más graves”.
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) urgió a continuar con la tipificación de otros delitos que afecten la integridad física de las y los capitalinos, y Patricia Urriza Arellano (MC) advirtió que “nadie debería subirse al Metro con miedo”, exigiendo mayor seguridad estructural en el sistema de transporte.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) enfatizó que la Ciudad de México se convierte así en una de las primeras capitales de América Latina en tipificar de forma autónoma la administración subrepticia de sustancias, adelantándose a debates que apenas comienzan en otras latitudes.
No obstante, voces como la de Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) subrayaron que el enfoque punitivo debe acompañarse de estrategias preventivas, modernización de sistemas de vigilancia y capacitación del personal en espacios públicos. “Tipificar no es suficiente si no hay una política pública que ataque la raíz del problema”, argumentó.
Desde diversos frentes legislativos, se reconoció que esta modalidad de agresión afecta principalmente a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, colocándolos en una situación de vulnerabilidad extrema. La legisladora Yolanda García Ortega (PVEM) fue tajante al señalar que “estos pinchazos pueden ser la antesala de delitos como feminicidio, violación o secuestro”.
Finalmente, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) celebró que se haya transformado una situación emergente en una norma permanente y efectiva, mientras que Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) consideró que el dictamen es un mensaje contundente: “En esta ciudad, las agresiones no quedarán impunes”.
