Ciudad de México, 08 de octubre de 2019. Por los actos de tortura cometidos en contra de 176 víctimas directas, de las cuales 5% son adolescentes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió las Recomendaciones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 2019.
La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que adicionalmente se identificaron a 70 víctimas indirectas quienes fueron afectadas por dicha práctica. Subrayó que las recomendaciones no documentan hechos aislados de tortura, sino que en su conjunto, evidencian una falla estructural del Estado. Indicó que de los casos presentados entre 1995 y 2018, el 80% de los hechos que motivaron las quejas sucedieron entre 2012 y 2018 (130 casos).
El Segundo Visitador General, Iván García Gárate, explicó que el área a su cargo documentó cinco Recomendaciones: 10/2019 por Tortura en Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 11/2019 relacionada con Tortura contra jóvenes activistas privados de libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México; 12/2019 por Tortura y discapacidad psicosocial en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México; 13/2019 vinculada con Tortura en Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México; y la 14/2019 por Muerte por tortura de personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
En tanto, el Cuarto Visitador General, Juan Carlos Arjona Estévez, expuso que en su área encabezaron cuatro Recomendaciones: 15/2019 por Falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual; 16/2019 relacionada con el uso de tortura psicológica como herramienta de investigación; 17/2019 por Actos de tortura y malos tratos en contra de personas adolescentes y jóvenes; y 18/2019 sobre el uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto.
Cabe mencionar que los instrumentos recomendatorios 10, 11, 12 y 13 fueron dirigidos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; la 14 fue enviada a dicha Subsecretaría y también a la Secretaría de Salud como responsables. La 15, 16, 17 y 18 fueron emitidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México.
La ombudsperson capitalina enfatizó que el impacto que tiene la tortura en la vida de una persona la convierte en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, orientada a consumir su dignidad. Consideró imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas, desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración auto-incriminatoria. También la corrupción, en su modalidad de impunidad, permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos.
Nashieli Ramírez Hernández aseguró que mientras las instituciones en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de “cero tolerancia” a la tortura y lo den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados. Respecto a los puntos recomendatorios destacó que todas las autoridades responsables deberán realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y manifestar un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, señalando acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo y generar y ejecutar un plan integral individualizado de reparación para las víctimas directas y, en algunos casos, para las indirectas.
Expuso que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana elaborarán y remitirán al Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un informe sobre tortura en centros de reclusión, con las especificaciones establecidas en la Recomendación 10/2019.
También se recomendó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisar y, en su caso, modificar el Acuerdo 13/2014, relacionado con el protocolo de actuación en manifestaciones, en el que se señale de forma específica la prohibición de cometer actos de tortura, así como tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra personas adolescentes o jóvenes en caso de su detención.
La Presidenta de la CDHCM dijo que respecto a la Procuraduría capitalina, en su tránsito a Fiscalía, deberá integrar un Mecanismo Local de Prevención y Seguimiento a la Tortura que realice, al menos, las funciones establecidas en las Recomendaciones.
