Comunidad de Tilapa exige reubicación urgente por riesgo ambiental y abandono institucional en Guerrero

Piden a Evelyn Salgado, César Yáñez y Víctor Suárez cumplir acuerdos firmados y atender riesgo por desastres naturales; más de 400 jóvenes esperan tierras.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Tilapa, Guerrero, a 14 de mayo de 2025. – Representantes del Comisariado de Bienes Comunales de Tilapa, comunidad ubicada en el municipio de Malinaltepec, en la región Montaña de Guerrero, hicieron un llamado urgente a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, al subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, y al procurador agrario federal, Víctor Suárez Carrera, para sostener una reunión que permita resolver de manera definitiva la reubicación de la comunidad y el histórico conflicto agrario que enfrentan desde hace décadas.

En un documento dirigido a las autoridades, los comuneros recordaron que, de acuerdo con dos dictámenes emitidos por personal de Protección Civil —uno tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, y otro tras el reciente huracán John— se establece de manera clara la urgente necesidad de reubicar a la comunidad debido al alto riesgo que representa su actual asentamiento, tanto para la vida de sus habitantes como para sus sistemas de producción.

A pesar de que la comunidad ha promovido diversas iniciativas para avanzar en un proceso de trabajo colectivo y pacífico, señalan que los esfuerzos han sido estancados por la falta de respuestas “positivas, contundentes y concretas” de parte de las autoridades competentes.

Los comuneros también denunciaron que la situación se ha visto agravada desde la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), iniciado en 1992. Según señalaron, errores del Registro Agrario Nacional (RAN) durante la delimitación de los linderos territoriales, así como la negativa de la comunidad a participar en un programa de carácter voluntario, derivaron en conflictos territoriales con comunidades vecinas que han incluido enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.

“El Estado dice atender estos conflictos, pero en realidad sólo los archiva y los congela hasta que aparece un nuevo y más grave enfrentamiento”, acusaron.

La comunidad también manifestó su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos previamente firmados con autoridades estatales. En particular, mencionaron que el 6 de agosto de 2024 sostuvieron una reunión con la Dra. Anacleta López Vega, secretaria general de Gobierno del Estado de Guerrero, en la que se acordó la dotación de 300 hectáreas —reducidas desde una solicitud original de 600— como parte de un plan alternativo (Plan B).

Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Agrarios, C.P. Gustavo Miranda González, respondió mediante el oficio N° SAA/JF/0115/2024 que dicho plan no era de su competencia y remitió a la comunidad a instancias como la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, a pesar de que estos caminos legales ya han sido agotados desde 1989, con sentencias agrarias dictadas en su contra y la pérdida de 150 hectáreas.

“El oficio fue una burla. Nos mandan a pedir restitución de tierras que ya nos fueron despojadas hace décadas. Nos piden iniciar desde cero, como si nuestra historia no existiera”, lamentaron.

De igual manera, los representantes comunales expresaron su decepción tras la visita oficial del 6 de marzo de 2025, cuando acudieron a Tilapa tanto la Dra. Anacleta López Vega como el procurador agrario Víctor Suárez Carrera. Indicaron que, aunque esperaban el anuncio de una solución definitiva, lo que presenciaron fue un acto lleno de demagogia y simulación, sin compromisos formales ni avances concretos.

Ante la posibilidad de nuevas contingencias ambientales que pongan en riesgo sus vidas y medios de subsistencia, los comuneros exigen que se celebre una reunión urgente y vinculante, donde las máximas autoridades involucradas firmen un convenio claro, con fechas específicas para el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

“Ya no podemos seguir atrapados en la administración del conflicto ni en la burocracia estatal. Necesitamos respuestas concretas antes de que una nueva tragedia nos obligue a lamentar lo que pudo haberse prevenido”, concluyeron.

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