Organizaciones exigen suspensión del proyecto hasta garantizar consulta pública, demandando riesgos ambientales y violación a derechos constitucionales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 6 de agosto 2025.- Un grupo de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas de la Región Tolteca en Hidalgo interpuso una demanda de amparo indirecto contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo (CEAA), acusándolas de omitir su obligación de garantizar procesos de participación ciudadana en la evaluación del proyecto denominado “Saneamiento de los Ríos Tula y Salado, Primera Etapa”.
De acuerdo con el comunicado emitido el pasado 4 de agosto por Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, las autoridades ambientales incurrieron en una grave omisión al no responder a una solicitud formal de consulta pública y acceso al expediente completo del proyecto, presentada desde el 4 de junio de 2025. Bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), SEMARNAT tenía un plazo de cinco días hábiles para notificar su resolución, pero hasta la fecha no emitió respuesta alguna, lo que, según los demandantes, configura una violación a sus derechos constitucionales y ambientales.
El conflicto se remonta al 22 de mayo de 2025, cuando SEMARNAT publicó en su Gaceta Ecológica la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de saneamiento de los ríos Tula y Salado, promovido por el gobierno de Hidalgo. Desde entonces, organizaciones locales y expertos en medio ambiente expresaron su preocupación por los posibles impactos negativos de las obras, que incluyen la canalización y dragado de los afluentes, así como la construcción de infraestructura hidráulica en zonas con alta presencia de comunidades indígenas.
Las comunidades afectadas argumentan que, de llevarse a cabo sin su consentimiento, el proyecto podría alterar irreversiblemente los ecosistemas locales, afectar fuentes de agua para agricultura y consumo humano, e incluso desplazar a poblaciones que dependen históricamente de estos ríos. Por ello, el 4 de junio, presentaron una solicitud formal para que SEMARNAT realizara una consulta pública y una reunión informativa, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México que garantiza el derecho a la participación en decisiones ambientales.
En el amparo, presentado ante un juzgado federal en julio de 2025, las comunidades detallaron las siguientes violaciones a sus derechos:
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Derecho de petición (Artículo 8º Constitucional): SEMARNAT incumplió su obligación de responder en tiempo y forma a la solicitud de consulta, ignorando un plazo legalmente establecido.
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Derecho a un medio ambiente sano y a la participación pública (Artículo 4º Constitucional y Acuerdo de Escazú): Al no convocar a consultas, se negó a las comunidades la posibilidad de incidir en una decisión que afecta directamente su territorio.
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Derechos de acceso a la información y justicia ambiental: La opacidad en el proceso impide que las personas afectadas conozcan a fondo los riesgos del proyecto y exijan su modificación o cancelación.
Además, la demanda invoca jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que, en casos de posible daño ambiental, debe prevalecer el principio precautorio y el enfoque in dubio pro natura (en caso de duda, a favor de la naturaleza).
Las comunidades no solo buscan que se declare la omisión ilegal de SEMARNAT y la CEAA, sino también la suspensión provisional y definitiva del proceso de evaluación de impacto ambiental hasta que se realice la consulta pública solicitada. Argumentan que, de continuar los trámites sin su participación, se corre el riesgo de autorizar un proyecto que podría causar daños irreparables al medio ambiente y a sus formas de vida.
“Si el gobierno realmente quiere un saneamiento integral de los ríos, debe escuchar a quienes los habitan y protegen desde hace generaciones. No puede imponerse un modelo de desarrollo que ignore los derechos de los pueblos originarios”, señaló un representante de las comunidades en conferencia de prensa.
Hasta ahora, SEMARNAT no se pronunció sobre la demanda, lo que aumenta la desconfianza entre las comunidades. Este caso se suma a una serie de conflictos ambientales en México donde se acusa a las autoridades de priorizar megaproyectos sobre derechos colectivos, como el caso del Tren Maya y proyectos mineros en otras regiones del país.
Organizaciones nacionales e internacionales expresaron su apoyo a la lucha de las comunidades de Hidalgo, recordando que México está obligado, tanto por su Constitución como por tratados internacionales, a garantizar consentimiento libre, previo e informado en proyectos que afecten territorios indígenas.
