La detención del defensor Luis García Villagrán en Tapachula reactiva las denuncias sobre un patrón de persecución judicial contra quienes protegen los derechos de personas migrantes en México, según organismos nacionales e internacionales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 7 de agosto de 2025.– La detención del defensor de derechos humanos Luis García Villagrán en Tapachula, Chiapas, provocó un pronunciamiento conjunto de más de 40 organizaciones, colectivos y personas defensoras, quienes denunciaron un patrón sistemático de criminalización contra quienes acompañan a personas migrantes en México.
De acuerdo con el comunicado emitido el 6 de agosto, García Villagrán fue arrestado el 5 de agosto y trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), en un contexto de endurecimiento de políticas antiinmigrantes y negación sistemática de derechos para la población migrante.
Las organizaciones firmantes expresaron alarma por las declaraciones emitidas en la conferencia presidencial, las cuales —afirman— atentan contra el principio de presunción de inocencia. Exigieron que se garantice el debido proceso y la integridad física y jurídica del activista, quien desde 2019 es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a los riesgos y ataques que ha enfrentado por su labor.
El pronunciamiento recordó que instancias como la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado que los ataques contra personas defensoras no solo vulneran sus garantías individuales, sino que dejan en indefensión a las comunidades y poblaciones que acompañan.
Organizaciones como Front Line Defenders han señalado casos anteriores de procesos judiciales infundados o fabricados contra defensores de migrantes, como los de Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, detenidos en 2019 bajo acusaciones que fueron desestimadas por falta de pruebas, aunque sus expedientes permanecen abiertos.
En el caso de Sánchez, la organización denunció que la FGR utilizó como “prueba” documentos provenientes de una acción urgente enviada por la propia Front Line Defenders, en un intento de protegerlo. A pesar de que un juez federal ordenó su liberación, la fiscalía apeló la decisión y, de revertirse, ambos podrían enfrentar hasta 24 años de prisión.
En reacción a los hechos, Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras y defensor de derechos humanos, calificó la detención como “un atropello a los derechos humanos y un ataque directo contra la comunidad migrante y quienes la defendemos”.
“Es inaceptable que se vulnere el derecho a la presunción de inocencia. Resulta alarmante que la presidenta Claudia Sheinbaum descalifique públicamente a un defensor reconocido oficialmente por el Estado mexicano a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Perseguir a un defensor de derechos humanos reconocido por el propio Estado mexicano sienta un precedente sumamente peligroso”, declaró Mujica.
Desde Pueblos Sin Fronteras, Mujica presentó tres exigencias: respeto absoluto al debido proceso y la liberación inmediata de Luis García Villagrán; acción urgente del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras, dado que la agresión proviene de la más alta autoridad del país; e intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales para frenar esta grave violación a los derechos humanos.
“El caso de Luis Villagrán demuestra que la criminalización de defensores es una agresión a la democracia, la justicia y la dignidad de México. Luis no está solo”, concluyó Mujica.
El comunicado de respaldo a García Villagrán fue firmado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia, Servicio Jesuita a Refugiados México, Red Jesuita con Migrantes, Data Cívica, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), así como colectivos y defensores independientes de distintas regiones del país.
Las y los firmantes alertaron que la criminalización de defensores de migrantes responde a una tendencia regional que afecta también a activistas en Estados Unidos, documentándose detenciones arbitrarias, agresiones físicas y judicializaciones como represalia por su labor humanitaria.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos exigieron el pasado domingo que se garantice el debido proceso y los derechos humanos del activista Luis García Villagrán, detenido el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, bajo acusaciones de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas. La próxima audiencia de vinculación a proceso estaba programada para el 11 de agosto de 2025.
En un comunicado, el Programa de Asuntos Migratorios – IBERO CDMX y otras redes aliadas alertaron que la “estigmatización desde la voz presidencial” constituye una “grave violación al principio de presunción de inocencia” y presiona irregularmente el proceso judicial. García Villagrán, beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras desde 2019, denunciaron por años las condiciones de vulnerabilidad de migrantes en la frontera sur.
La detención ocurrió en un contexto político sensible, un día antes de que una caravana migrante partiera de Tapachula para exigir acceso a regularización migratoria. Las organizaciones sostienen que el caso forma parte de un “patrón global de criminalización” contra defensores que trabajan con poblaciones vulnerables, equiparando su labor con delitos graves.
García Villagrán enfrentó previamente un proceso penal en 2007, donde, según el comunicado, fue víctima de tortura y violaciones procesales, resolviéndose su libertad mediante un acuerdo ante la CIDH. Entre las demandas destacan: respeto al debido proceso sin interferencias mediáticas, presunción de inocencia, evitando narrativas que lo criminalicen previamente, independencia judicial y fiscal en el caso, libertad inmediata si no hay pruebas sólidas, y protección a su integridad y garantías para continuar su labor en defensa de derechos humanos.
