El informe “Migrar bajo la sombra” documenta 9,628 ingresos, el registro más bajo de la red. Autoridades policiales y migratorias mexicanas figuran entre los agentes señalados por violencia.
Por Kat Castañeda @tecuanidelsur | X: @tecuandelsur
Ciudad de México, 29 de agosto de 2026.- La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) registró 9,628 ingresos de personas en movilidad humana forzada durante 2025 en los albergues y organizaciones que la integran, una caída de 74% respecto a 2024 y de 82% frente a 2023. Es el número más bajo desde que la red opera su propia plataforma de registro. La organización advierte que esa reducción no permite concluir que la movilidad ni las necesidades de protección hayan disminuido en la misma proporción.
“Durante 2025 se profundizó un modelo de gestión que privilegia la contención, el control territorial y la disuasión por encima de la protección”, señaló Gauri Porras, codirectora ejecutiva de FM4 Paso Libre, durante la presentación del informe anual en la Ciudad de México. Porras agregó que las restricciones al acceso al asilo y a las vías regulares de ingreso a Estados Unidos, junto con los dispositivos de control desplegados en territorio mexicano, transformaron las condiciones en las que ocurre la movilidad, y que México “ha asumido progresivamente funciones de contención” que responden a las prioridades migratorias estadounidenses.
El informe, titulado Migrar bajo la sombra. La transformación de la crisis de protección en México durante 2025, sostiene que el fortalecimiento de las políticas de contención y externalización modificó las rutas, prolongó los tiempos de espera y dificultó el acceso a albergues y a mecanismos de protección. Como consecuencia, una parte creciente de la movilidad ocurre fuera de los espacios donde puede ser atendida y documentada. “La crisis no desapareció: se volvió más difícil de observar, documentar y proteger”, escribieron en el documento.
Ese desplazamiento hacia rutas más dispersas y clandestinas coincidió con el debilitamiento de las organizaciones que sostienen la respuesta humanitaria. Los recortes al financiamiento internacional golpearon a albergues y casas de acogida durante el mismo año en que aumentaban las barreras para acceder a protección. La red que presentó este informe está integrada hoy por 19 organizaciones y albergues; de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, antes de 2025 eran 23. Menos personal para documentar significa también menos personas acompañando y defendiendo derechos en la ruta.
Las 19 organizaciones documentaron personas procedentes de 63 países. Honduras concentró 35% de los ingresos y Venezuela 27%. En tercer lugar aparece México, con 9%. Esa presencia mexicana en espacios diseñados para atender migración externa agrupa situaciones distintas: desplazamiento interno forzado, retorno y deportación desde Estados Unidos, familias mexicanas en tránsito dentro del país, niñas y niños nacidos en México que viajan con familias extranjeras, y personas que salieron de sus territorios por violencia, exclusión o pérdida de condiciones mínimas de seguridad.
La región Sur volvió a ser el principal territorio de atención, con 42.6% de los ingresos (4,098), seguida por la región Norte, con 30.1% (2,896). Por segundo año consecutivo la frontera norte ocupó el segundo lugar, lo que la red lee como señal de que las ciudades fronterizas funcionan cada vez más como espacios de espera y devolución.
La Redodem registró 2,163 ingresos de mujeres, 22.5% del total; de ellas, 27% eran niñas y adolescentes. Ocho por ciento de las mujeres que respondieron el cuestionario señaló que su vida estaba en peligro al momento del registro, frente a 1% de los hombres. Los ingresos de niñas, niños y adolescentes sumaron 1,348, equivalentes a 14% del total, y casi cuatro de cada diez estaban en la primera infancia: 532 tenían entre cero y cinco años.
Los motivos de salida también se transformaron. Con base en 1,273 cuestionarios especializados, los factores socioeconómicos pasaron de representar 73.1% de los motivos registrados en 2023 a 47.2% en 2025, mientras la violencia no doméstica subió de 34% a 45.2%. Entre los factores identificados aparecen amenazas e intimidaciones, violencia generalizada, extorsión y persecución política.
En materia de violencias durante el tránsito, la red documentó 132 eventos a partir de 74 cuestionarios. El crimen organizado fue señalado como agente responsable en 29% de los casos y los particulares en 24%. Las autoridades policiales aparecen en 11% y las autoridades migratorias en 7%: casi una quinta parte de los señalamientos recae en agentes del Estado mexicano.
Los hechos registrados incluyen secuestros, extorsiones, agresiones físicas graves, violencia sexual, desapariciones transitorias, tortura psicológica y separación familiar. La propia red aclara que el bajo número de cuestionarios sobre violencia no indica que estos hechos sean poco frecuentes: la documentación depende del consentimiento, de las condiciones de seguridad y de la capacidad operativa de los albergues.
El informe advierte además que cada registro corresponde a un ingreso a un albergue u organización y no necesariamente a una persona distinta, ya que alguien puede ser atendido en varios espacios a lo largo de la ruta, y que los datos no representan la totalidad de la movilidad humana forzada en el país.
Entre sus cuatro hallazgos principales, la Redodem sostiene que las respuestas institucionales siguen centradas en el control mientras las necesidades se diversifican, y que documentar es en sí mismo una forma de protección: permite identificar patrones de violencia, exigir rendición de cuentas y evitar que las violaciones a derechos humanos permanezcan invisibles.
