Personas migrantes, refugiadas y desplazadas enfrentan obstáculos para ejercer derechos reconocidos en México. Un informe de Racismo MX documenta barreras en salud, vivienda, educación, empleo, justicia y servicios financieros.
Por Itzel Alaniz / @LaChicaNara
“Yo tenía muchas ganas de sentirme yo otra vez, y no la refugiada, como todos los días que lo repetía, en todas las instituciones públicas, yo quería ser yo”, relató una mujer venezolana en situación de movilidad al hablar de su experiencia ante las instituciones mexicanas.
Su frase pone en palabras una de las principales conclusiones del informe Semillas en trayectoria: Índice de Integración de las Personas en Situación de Movilidad, presentado por la organización civil Racismo MX: tener un derecho reconocido en la ley no siempre significa poder ejercerlo sin obstáculos.
México dejó de ser solo un país de tránsito para convertirse también en un lugar de origen, destino y retorno para las personas en situación de movilidad. En este contexto, el Índice de Integración de las Personas en Situación de Movilidad alcanzó 0.60, en una escala donde 1 representa el escenario ideal de integración. El estudio advierte, sin embargo, que esta cifra funciona como una aproximación y debe leerse junto con las diferencias entre grupos y las limitaciones de la información disponible.
De acuerdo con Racismo MX, estas diferencias están relacionadas con factores como la situación económica, el acceso a redes de apoyo y los procesos de racialización. La organización señala que, en México, las características raciales, el origen étnico y la nacionalidad pueden modificar la forma en que una persona accede a un empleo, una vivienda, una escuela, un servicio de salud o una institución financiera.
Salud: acudir a un servicio público no resulta tan sencillo
Según el informe, 36.3% de las personas migrantes percibe que no puede acceder a servicios públicos de salud, frente a 33.2% de la población local, mientras que 48.6% recurre a servicios privados. Entre las personas migrantes provenientes de otros países, esta proporción aumenta hasta 62.3%.
Para algunas personas migrantes, contratar seguros o pagar servicios particulares puede ser una forma de resolver una necesidad que no encontró respuesta en el sistema público, aunque esto no necesariamente significa que cuenten con mejores condiciones económicas.
El idioma también puede convertirse en una barrera durante una consulta. El informe plantea la necesidad de contar con servicios de traducción y personal capacitado en lenguas como el creole y distintas lenguas originarias, pues una comunicación deficiente puede afectar tanto el diagnóstico como el trato que reciben las personas.
Entre las personas desplazadas, 14.7% reporta una negación del servicio y 63.1% percibe discriminación en instalaciones médicas. En el conjunto de la población migrante, 49% identifica discriminación en los centros de salud y 35.4% tiene dificultades para pedir ayuda ante una enfermedad.
Vivienda: encontrar un lugar también depende del origen
El informe señala que 4.9% de las personas migrantes reporta discriminación durante la búsqueda de vivienda, frente a 1.8% de la población local. Entre las personas desplazadas, el porcentaje llega a 13.3%, mientras que entre las migrantes provenientes de otros países alcanza 7.3%.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, 35.4% de la población declaró que no rentaría un espacio de su vivienda a una persona migrante o refugiada.
Para quienes llegan sin redes familiares o amistades en México, encontrar un lugar donde vivir puede depender también de contar con alguien que les ayude a buscar o les abra una puerta. En respuesta a ello, el informe identifica alianzas entre personas migrantes internas e internacionales y el trabajo de albergues y organizaciones como recursos para encontrar alternativas de vivienda.
Educación: seis meses sin escuela por un documento
Una mujer proveniente de El Salvador relató que sus hijos pasaron seis meses sin ingresar a una escuela debido a problemas relacionados con la CURP.
“El sistema público de educación les cerró las puertas a mis hijos, literalmente. Entonces pasamos seis meses, porque no tenía la admisión del CURP. […] Ya estaba harta y era horrible porque ni siquiera los dejaban entrar, aunque las leyes universales protegen a mis hijos como migrantes y solicitantes de refugio, simplemente nos decían que no. Entonces era revictimizar a mis hijos”, relató.
A partir de testimonios y datos recopilados, Racismo MX plantea eliminar la CURP como obstáculo para la inscripción escolar y flexibilizar la validación de estudios realizados fuera de México.
Incluso después de conseguir un lugar en una escuela, las dificultades no desaparecen. Según el estudio, 48.1% de las personas migrantes percibe discriminación en el ámbito educativo por motivos relacionados con su nacionalidad, origen étnico, acento, idioma o características raciales. Entre las personas desplazadas, la proporción alcanza 63.9%.
Una mujer proveniente de Nicaragua encontró otra barrera al intentar validar sus estudios y acceder a oportunidades laborales:
“Empresas mexicanas te obligan a tener el documento que valida que estudiaste en una institución pública mexicana y eso es discriminación porque a un europeo o a un gringo no se los piden, a uno del sur global lo obligan a tener el mexicano. También ahora que lo tengo [la cédula], tengo que hacer un montón de trámites. […] ese mismo proceso burocrático da pie a otras arbitrariedades, impunidades o más corrupciones, creo que ahí hay que mejorar”, señaló.
Trabajo: el origen también pesa al buscar empleo
De acuerdo con el informe, 9.8% de la población migrante reporta una negación injustificada de empleo, frente a 2.3% de la población local. Las personas desplazadas enfrentan las mayores dificultades.
El estudio señala que 46.6% de las personas en situación de movilidad reporta serias dificultades para pedir ayuda al buscar empleo. Sin familiares, amistades o contactos que puedan avisar sobre una vacante, explicar un trámite o recomendar a alguien, encontrar una oportunidad puede resultar todavía más difícil.
También persisten obstáculos para reconocer la experiencia profesional adquirida fuera de México. Racismo MX plantea que las empresas reconozcan estudios y competencias obtenidos en otros países y eviten exigir exclusivamente títulos de instituciones mexicanas, sobre todo cuando estos requisitos afectan de manera diferenciada a personas provenientes del sur global.
Inseguridad y justicia: denunciar también implica miedo
El informe señala que los homicidios representan 3.46% de las muertes entre personas nacidas en México, mientras que entre quienes nacieron en el extranjero alcanzan 6.66%. El propio estudio advierte que estos datos solo permiten identificar el lugar de nacimiento y no explican por sí mismos las causas de esta diferencia.
Según Racismo MX, la falta de información sobre derechos, el temor ante las autoridades migratorias y las condiciones de vulnerabilidad pueden dificultar que una persona denuncie un delito o busque apoyo institucional. Ante delitos como extorsión y trata de personas, esta situación también limita la información con la que cuentan las instituciones para dimensionar estos fenómenos y responder ante ellos.
Banca: tener documentos no siempre abre una cuenta
Una mujer que trabaja en un albergue contó el caso de una trabajadora contratada en el aeropuerto de Tijuana. Había firmado su contrato, pero al momento de abrir su cuenta de nómina, el banco no aceptó su tarjeta de residente permanente.
“A una señora la contrataron en el aeropuerto de Tijuana. Firmó contrato y cuando la pasaron a sacarle la cuenta de nómina no le podían sacar una cuenta de banco porque el banco no le aceptaba la tarjeta de residente permanente. A veces piden pasaporte, pero con muchas personas migrantes no hay manera de tener un pasaporte, […] incluso cuando las personas cuentan con la documentación legal para trabajar en México se enfrentan a este tipo de problemas”, contó.
Después de recibir su tarjeta de residencia permanente, la trabajadora hizo una pregunta que resume la frustración detrás de este tipo de situaciones: “¿De qué sirve tener documentos si de todas formas no sirve?”.
Según el informe, cerca de 16% de las personas desplazadas y de las migrantes provenientes de otros países reporta negación de servicios financieros, más del doble que la población local.
La dificultad no siempre surge de la falta de documentos. El estudio identifica también desconocimiento dentro de las propias instituciones financieras sobre la validez de documentos de residencia, además de factores relacionados con la nacionalidad, el origen y las percepciones sociales. Una persona puede tener autorización para trabajar, recibir un salario y contar con documentos vigentes, pero aun así encontrar dificultades para acceder a una cuenta bancaria.
La integración no termina cuando desaparece una barrera
Una familia puede conseguir una escuela para sus hijos y enfrentar discriminación dentro del plantel; una persona puede obtener un empleo y después encontrar dificultades para abrir una cuenta de nómina; otra puede contar con estudios profesionales y aun así enfrentar requisitos para validar su trayectoria.
Entre sus recomendaciones, Racismo MX plantea capacitación para el personal de salud y servicios de traducción; eliminar la CURP como barrera para la inscripción escolar y fortalecer la formación docente; reconocer estudios y experiencia profesional adquiridos en otros países; y mejorar la capacitación de las instituciones financieras sobre los documentos que pueden utilizar las personas migrantes.
El informe también advierte que México todavía no cuenta con suficiente información para conocer con precisión las condiciones de todos los grupos en situación de movilidad. La falta de encuestas no permite identificar adecuadamente a las personas desplazadas y, en otros casos, las muestras son demasiado pequeñas para analizar a grupos como las personas refugiadas.
Ante estas limitaciones, Racismo MX propone fortalecer los registros administrativos y generar información desagregada por género, edad, discapacidad, tono de piel y origen étnico.
Entre los testimonios y las situaciones documentadas por el informe queda expuesta la brecha entre tener un derecho reconocido y poder ejercerlo en la vida cotidiana.
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Esta nota es resultado del Programa de Periodismo Juvenil 2026, un proceso formativo impulsado por ARTICLE 19 y Somoselmedio para fortalecer las herramientas de jóvenes interesados en el periodismo y la comunicación.
