Organizaciones y habitantes de Hidalgo alertan que el proyecto de saneamiento promovido por el gobierno federal podría causar daños irreversibles a los ecosistemas ribereños y violar derechos ambientales. Exigen consulta pública, transparencia y justicia ecológica.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 5 de junio 2025.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, comunidades y organizaciones sociales asentadas en las cuencas de los ríos Tula y Salado hicieron público un pronunciamiento en el que exigen la apertura de una consulta pública sobre el Proyecto Ejecutivo para el Saneamiento de los Ríos Tula y Salado, impulsado por el gobierno federal.
El pasado miércoles 4 de junio, habitantes de los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tula —junto con diversas organizaciones civiles— presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una solicitud formal, dirigida a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), para que se garantice un proceso participativo conforme a lo establecido por el Acuerdo de Escazú y otras normativas ambientales.
Según denuncian, el proyecto —clasificado como prioritario por el actual gobierno— contempla la construcción de colectores para canalizar aguas residuales municipales e industriales hacia la Planta de Tratamiento de la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, esta solución es considerada parcial, insuficiente y excluyente por las comunidades afectadas.
“Este proyecto no contempla una visión integral de la subcuenca del río Tula ni aborda las causas estructurales de la contaminación que provienen de la Cuenca del Valle de México y sus zonas industriales”, señala el pronunciamiento.
Las y los firmantes alertan sobre el riesgo de afectaciones irreversibles a los ecosistemas ribereños, la pérdida del caudal ecológico del río Tula, y la posible eliminación de vegetación nativa como ahuehuetes y sauces, fundamentales para la biodiversidad local. Además, acusan que el proyecto ignora las dinámicas ecohidrológicas, las responsabilidades diferenciadas de los usuarios del agua, y excluye tanto a las comunidades como a la academia en su diseño e implementación.
Denuncian violaciones a normativas ambientales y a acuerdos internacionales
El pronunciamiento también señala que el proyecto contraviene lo estipulado en el decreto de zona de restauración ecológica de la presa Endhó, específicamente en lo referente a la implementación de soluciones descentralizadas basadas en la naturaleza, y la capacitación de comunidades para el manejo de infraestructura ambiental.
Asimismo, acusan que el proyecto omite el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 —que regula los límites permisibles de contaminantes en aguas residuales— y no contempla sistemas de monitoreo ni vigilancia ambiental desde el origen de la contaminación.
De igual forma, denuncian que se han ignorado compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho a la participación pública en decisiones ambientales, el acceso a la información y la justicia ambiental.
“Exigimos un verdadero proceso participativo, basado en la ley y los derechos ambientales, que garantice soluciones justas, sostenibles y centradas en el bienestar de las personas y los ecosistemas”, demandan las organizaciones.
Las comunidades también recordaron los daños provocados en 2017 y 2018 por las obras del Túnel Emisor Oriente, impulsadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyos efectos aún no han sido reparados, y que dejaron graves consecuencias en la dinámica hídrica y ambiental de la región.
De manera particular, advierten que las obras de ampliación y revestimiento realizadas entre 2022 y 2023 en el centro de Tula han provocado el taponamiento de veneros y el desvío de escurrimientos naturales, agravando la pérdida del caudal ecológico, sobre todo durante la temporada de estiaje.
