Ciudad de México, 17 de abril, 2019.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó, a través de un comunicado, que el asesinato de Julián Cortés Flores, director en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán (CRAC-PC), el pasado viernes 12 de abril, fue un atentado contra el sistema de seguridad y justicia comunitaria y autogestiva.
“A lo largo de los años los coordinadores de la CRAC han sido foco de agresiones, sobre todo por parte de las autoridades del estado, quienes siempre se han opuesto a que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la libre autodeterminación”; externó el Centro.
Asimismo, Tlachinollan recordó que desde 1998 se logró consolidar un sistema de seguridad y justicia, con los ejecutivos estatales en turno, ante la disputa entre pueblos indígenas.
Desde entonces, expusó que tanto el Ejército como la Procuraduría General de la República (PGR), la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, y el Tribunal Superior de Justicia han impedido que los pueblos indígenas contaran con policías comunitarios.
Por otro lado, argumentó que en el 2011 hubo un reconocimiento en la constitución local al sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC, con la Ley 701; pero dicho “triunfo jurídico” ha sido ignorado por la clase política del Estado.
Aún más, Tlachinollan señaló que no sólo se tolera la presencia de grupos que aterran a la población, sino que hay una confabulación con “personajes de la política”.
Señaló que la infiltración del crimen organizado en aparatos del sistema de seguridad del Estado, tratan de reproducirse dentro del sistema comunitario.
Por último, la orgarnización defensora de los Derechos Humanos concluyó que las agresiones constantes y el asesinato de Julián Cortes obliga a los pueblos a “tomar en sus manos el sistema de justicia comunitario, para defender la vida de la gente pobre”, para evitar que otros intereses ilícitos se pongan por encima de la organización comunitaria.
