Durante el XXVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, organizaciones alertaron sobre el aumento de extorsiones, la complicidad de autoridades con el crimen organizado y la falta de acceso a derechos básicos como salud y justicia para las mujeres en el trabajo sexual.
Por Edson Ulises / @EdsonDJV
Ciudad de México, 22 de julio 2025.- Bajo el título “No llegamos todas, faltan las trabajadoras sexuales”, este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en el marco del XXVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, donde activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos expusieron la grave situación que enfrentan las trabajadoras sexuales en México.
Uno de los problemas más urgentes es el incremento del “derecho de piso”, una forma de extorsión en la que el crimen organizado, muchas veces con la complicidad de policías y ministerios públicos, obliga a las trabajadoras sexuales a pagar cuotas semanales que van desde 300 hasta 3,000 pesos, dependiendo de la zona. Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, denunció que este delito ocurre en 70% del territorio nacional, pero las víctimas no pueden denunciar porque las autoridades se niegan a abrir carpetas de investigación. “No es que no quieran denunciar, es que no las dejan. Las trabajadoras viven en un limbo jurídico, con miedo e incertidumbre”, afirmó.
La impunidad es otro factor crítico. La abogada Arlen Palestina Pandal, del área jurídica de Brigada Callejera, señaló que casos emblemáticos, como el del violador de Tlalpan, es ignorado por la Fiscalía General de la CDMX. De cinco carpetas de investigación abiertas, solo dos avanzaron, dejando en la “indefensión” a las víctimas. Además, las trabajadoras que intentan organizarse para resistir las extorsiones son detenidas arbitrariamente y acusadas de delitos falsos. “En la alcaldía Cuauhtémoc hay registrados 65 casos de mujeres criminalizadas por policías que las acusan de ‘robo’ o ‘resistencia’ cuando intentan documentar las extorsiones. Es una estrategia para silenciarlas”, explicó Palestina.
La violencia de género también escaló a otros niveles, con un aumento en feminicidios y transfeminicidios cometidos por clientes, parejas, vecinos e incluso miembros del crimen organizado. A esto se suma la gentrificación, que desplaza a las trabajadoras de sus “zonas históricas de trabajo”, dejándolas sin sustento y en mayor vulnerabilidad. “Durante años hemos trabajado en estas calles, pero ahora nos quitan nuestros espacios sin ninguna alternativa. No somos ciudadanas de segunda clase, tenemos derechos”, declaró una asistente al encuentro.
El acceso a la salud es otra deuda pendiente. Las trabajadoras sexuales enfrentan obstáculos para recibir atención médica, especialmente en lo relacionado con pruebas de VIH y sífilis, ya que en muchos municipios las obligan a pagar en laboratorios privados con costos excesivos, en lo que parece ser un esquema de corrupción. Además, hay un desabasto crónico de condones, un insumo esencial para prevenir infecciones de transmisión sexual. “El Estado no protege su salud, las explota. Las tarjetas de control sanitario solo sirven para extorsionarlas, no para garantizar su bienestar”, denunció Palestina Pandal.
Frente a esta realidad, las organizaciones optan por la autonomía y la resistencia colectiva. Jairo Guarneros, del Colectivo Cihuatlahtolli en Orizaba Veracruz, comparó al Estado con un “padrote”, por su papel en la explotación de las trabajadoras, señalando que en lugares como Chiapas y Veracruz, las autoridades municipales las obligan a pagar impuestos ilegales y las someten a exámenes médicos en clínicas particulares que lucran con su salud. “El mayor padrote es el Estado, que en lugar de protegerlas las extorsiona y las deja en manos de la delincuencia”, afirmó.
También refirió que en materia jurídica, se observa un retroceso en cuanto a los derechos humanos y un intento de desintegrar toda iniciativa organizativa, “porque así le conviene al capital, al Estado y al crimen organizado, que hoy no sabemos si existe una línea que lo separa o al final de los dos se hacen uno, pero lo que sí es evidente es que existe una alianza”, expresó.
Por otro lado, Jairo también comentó que en todo el país la forma en que se opera es la misma, el Estado no vela por los derechos y las garantías de las trabajadoras, al contrario, amenaza para poder controlar; y en muchas ocasiones cooptan a otras mujeres para que sean ellas las que cobran a las demás trabajadoras; “desafortunadamente, luego son ejecutadas y reemplazadas por otras más”, agregó.
Asimismo, Guarneros expresó que ante esos obstáculos, los planes para el 2026 son: “sobrevivir y resistir. No quiere decir que nos quedemos parados. Quiere decir que busquemos estrategias en donde no pongamos en riesgo inútil a las compañeras, pero sí actuar, sí seguir caminando, sí mantenernos unidos, sí mantenernos comunicados; es reflexionar, es fortalecer nuestras organizaciones y es caminar conjuntamente”.
De la misma manera, Elvira Madrid Romero ahondó sobre la violencia sistemática que enfrentan las trabajadoras sexuales en México, responsabilizando por igual al Estado por su complicidad con el crimen organizado y su negligencia en garantizar justicia y derechos laborales: “Las autoridades no quieren hablar de nuestros derechos, pero nosotras seguiremos exigiendo justicia. No somos delincuentes, somos trabajadoras”, manifestó.
Madrid Romero recordó la victoria legal histórica de 2013, cuando Brigada Callejera logró que un tribunal reconociera que “la esquina es de quien la trabaja”, sentando un precedente contra los desalojos arbitrarios. Sin embargo, lamentó que, una década después, las trabajadoras sigan siendo tratadas como criminales. “Ganamos en los tribunales, pero en las calles nos siguen viendo como un problema. La gentrificación nos desplaza, los policías nos extorsionan, y los jueces no investigan cuando nos matan”, afirmó.
De igual forma, criticó la falta de políticas públicas diferenciadas: “Nos dicen que luchemos contra la trata, pero no nos dan herramientas para distinguirla del trabajo autónomo. Persiguen a las que ejercen libremente, mientras las verdaderas víctimas de explotación caen en las grietas del sistema”.
Finalmente, cerró con un llamado a la solidaridad internacional, exigiendo el fin de la criminalización de las trabajadoras sexuales en otros países y denunciando cómo los gobiernos de derecha retroceden en derechos conquistados. “Seguiremos luchando, porque esta es una labor digna. No nos rendiremos”, concluyó.