Durante el foro “Conversaciones para la Agitación Política”, realizado en Impronta Casa Editora, activistas, especialistas y la diputada Mariana Casillas denunciaron que el SIAPA ha dejado de ser un organismo técnico para convertirse en una estructura opaca al servicio del negocio inmobiliario en Jalisco.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2025.– En un foro realizado en Impronta Casa Editora, se llevó a cabo la primera sesión de la serie “Conversaciones para la Agitación Política”, bajo el título “Cuando el agua se convierte en negocio”, convocada por el proyecto Ruptura. La discusión, moderada por la diputada local Mariana Casillas, reunió a voces clave en la defensa del agua en Jalisco: el especialista en gestión hídrica Josué Sánchez Tapetillo, el investigador Juan Pablo Macías y la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) María González.
Desde el inicio del foro, Mariana Casillas advirtió que la crisis hídrica que atraviesa el estado no es un hecho aislado ni reciente, sino el resultado acumulado de omisiones políticas, decisiones técnicas erróneas y una visión que ha mercantilizado el agua. Señaló que el SIAPA ha sido utilizado como “una agencia de colocación para premiar aliados políticos” y criticó que funcionarios sin perfil técnico, como Elizabeth Castro —conocida en redes como “Lady Siapa”—, hayan estado al frente del organismo. “Es ofensivo que se pretenda aumentar la tarifa del agua cuando muchas colonias no tienen abasto ni calidad”, declaró durante su intervención.
Por su parte, Josué Sánchez Tapetillo explicó que el deterioro del SIAPA ha sido progresivo. Desde finales del siglo pasado, señaló, se perdió el carácter técnico del organismo y se transformó en una estructura sometida a intereses políticos. Recordó que el exgobernador Emilio González Márquez colocó a su hermano al frente del SIAPA sin ningún conocimiento en el tema, y que prácticas similares se han repetido en sexenios posteriores. “El SIAPA se volvió una caja chica y una plataforma para beneficiar a quienes están en el poder”, afirmó.
Juan Pablo Macías, conocido por denunciar irregularidades del SIAPA en redes sociales, detalló que el organismo presenta una deuda de 18 mil millones de pesos y sigue entregando agua contaminada, pese a haber declarado una modernización “histórica” de sus plantas potabilizadoras. “No hay transparencia, no hay auditorías independientes, y siguen mintiendo sobre la calidad del agua. Tenemos derecho a saber qué estamos consumiendo en tiempo real”, reclamó.
Durante su participación, María González puso énfasis en que el SIAPA responde a un modelo de gestión del agua obsoleto, impuesto por gobiernos de corte neoliberal. “Es un sistema basado en grandes obras de infraestructura y concesiones a privados, no en la gestión integral, ecológica y social del agua”, afirmó. La investigadora alertó que existe un riesgo real de que el organismo sea desmantelado para justificar su privatización, y propuso que la ciudadanía participe no solo con voz, sino con voto en las decisiones del SIAPA.
González compartió los ejes de la campaña “El SIAPA que queremos: agua para la vida, no para el negocio”, impulsada desde la sociedad civil para refundar el sistema. Planteó la necesidad de democratizar el organismo operador, garantizar tarifas justas, frenar el acaparamiento del agua, impulsar auditorías públicas, y modernizar la red para detectar fugas en tiempo real. Además, denunció que el IMDEC propuso un proyecto piloto con tecnología que permitía detectar fugas en el SIAPA que fue rechazado sin explicación, pese a no tener costo para el organismo. “Nos quedó claro que no quieren que la ciudadanía entre y vea el cochinero que hay adentro”, sentenció.
Los participantes coincidieron en que el problema del SIAPA está vinculado con la captura del organismo por parte de las élites inmobiliarias. Josué Sánchez apuntó directamente a la desarrolladora Tierra y Armonía, ligada a familiares del exgobernador Enrique Alfaro, como una de las principales beneficiarias del actual modelo. “Se construyen torres verticales sin revisar si hay agua suficiente. El SIAPA solo revisa que haya una red cercana y autoriza sin evaluar el impacto real”, denunció.
Juan Pablo Macías añadió que durante el gobierno de Alfaro se mintió abiertamente al asegurar que se duplicó el abastecimiento de agua, cuando en realidad solo aumentó de 10 a 13 metros cúbicos por segundo. “Esa mentira sirvió para justificar el crecimiento urbano desordenado y seguir favoreciendo a las desarrolladoras. El SIAPA se volvió una agencia de factibilidad al servicio del negocio”, sostuvo.
María González respaldó estas afirmaciones con un estudio que identificó a los 50 mayores acaparadores de agua en Jalisco, entre los que destacan inmobiliarias, refresqueras, cerveceras y agroindustrias. Advirtió que sin revisar el modelo de desarrollo que promueve el estado —basado en industrialización, urbanización masiva y agronegocios— no será posible garantizar el derecho humano al agua.
Sobre el reciente anuncio del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara, Tapetillo fue enfático en señalar que, aunque la infraestructura es necesaria debido a la antigüedad del acueducto actual, el gobierno estatal no ha presentado diagnósticos ni estudios técnicos públicos que justifiquen su ejecución. “Debería ser un sistema resiliente, pero lo han convertido en un proyecto opaco que alimenta la desconfianza”, comentó.
María González subrayó que los pueblos ribereños del Lago de Chapala han sostenido una lucha histórica por la defensa de su territorio y del cuerpo de agua que les da vida, sin ser escuchados ni consultados por las autoridades. Denunció que, pese a haber solicitado información oficial sobre el nuevo acueducto, ésta no les ha sido entregada, lo que refleja una política de exclusión y opacidad. González enfatizó que es momento de que tanto los gobiernos como la sociedad en su conjunto vuelvan la mirada hacia el cuidado de los cuerpos de agua, en lugar de seguir viéndolos como simples tinacos para abastecer a la metrópoli.
“Los pueblos ribereños son guardianes de su territorio, lo habitan y tienen pleno derecho a oponerse”, afirmó, y llamó a que el debate no se centre únicamente en la construcción del acueducto, sino en la urgente necesidad de una restauración integral del Lago de Chapala.
La diputada Casillas concluyó que la narrativa del gobierno —simular conflicto con el SIAPA, aprobar tarifazos desde el Congreso, y luego presentarse como salvadores— es una estrategia para justificar el desmantelamiento del organismo y abrir la puerta a su privatización. “Este es un montaje en tres actos. Quieren vendernos la enfermedad y luego vendernos la cura. Pero la ciudadanía ya no se traga el cuento”, afirmó.
El foro cerró con un llamado a mantener la organización social y a exigir una gestión hídrica con justicia, transparencia y control ciudadano. “Es tiempo de que el agua deje de ser un negocio y vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho humano y un bien común”, finalizó María González, ante un auditorio lleno que respondió con aplausos y propuestas.
