Por Max González Reyes
Uno de los ejes que ha cruzado la historia de México, es la debilidad de las instituciones. Desde el Siglo XIX, en buena medida heredado de los tres siglos de dominio colonial, y una vez que se declara la independencia del dominio español, la pregunta de los independentistas era cómo hacer para que este país funcione por sí mismo. La respuesta a esa pregunta llevó a múltiples opciones que llevaron del Centralismo al Federalismo, del Imperio a la República, del caudillismo a la dictadura. No fue sino hasta bien entrado el Siglo XIX, con la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia de más de treinta años que, pese a su larga estancia, se logró una cierta estabilidad institucional, aunque desde luego ésta dependía de la presencia del dictador.
Una vez que los años y el tiempo desgastaban al Presidente Díaz, al interior de su gabinete empezaron a surgir grupos con la intención de buscar a su sucesor. Paralelo a ello, el descontento social por la postergación de Díaz en el poder, así como la ausencia de espacios para exponer el descontento, llevó a un movimiento que a la postre provocaría la dimisión de éste y la entrada a una nueva etapa de la historia de nuestro país: la Revolución.
La Revolución cambió el engranaje institucional. La inestabilidad política que durante diez años vivió el país, provocó que no se establecieran instituciones. No fue sino hasta finales de la década de los veinte, cuando el movimiento revolucionario propiamente dicho, había quedado un tanto lejos, que el entonces presidente Plutarco Elías Calles, ante la imposibilidad de reelegirse y con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón de fondo, llamó a unir a la Familia Revolucionaria y crear una entidad que defendiera los principios revolucionarios. Así, en 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) organismo que se formó desde el poder y para mantener el poder. Fue a través del PNR y sus sucesivas transformaciones en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), que el presidente en turno elegía a quienes lo acompañaban en su gestión. Si bien, existía un gabinete legal, sus integrantes dependían de la disciplina y apoyo partidista. En ese sentido, el PNR se convirtió de facto, en una dependencia más del ejecutivo con una equivalencia parecida a una secretaría de Estado.
Esta estructura se mantuvo durante buena parte del Siglo XX mexicano. Sin embargo, los excesos de una presidencia imperial, manifestada en los acontecimientos del 2 de octubre, la represión a los opositores, los errores en el manejo de la economía que llevaron a sucesivas crisis, entre otros aspectos, se manifestó en un marcado desgaste de un régimen que llegó al punto de que no podía sostenerse por sí mismo.
Aunado a ello, el descontento social y el surgimiento de actores al interior del mismo partido gobernante provocaron diversas escisiones que a la postre se convirtieron en actores relevantes en contra del mismo régimen.
Esto provocó que en 1997 el partido del presidente perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, algo no visto desde su fundación en 1929. Posteriormente, el PRI nieto del antiguo PNR, perdió la presidencia en el 2000.
Sin embargo, en este tiempo la debilidad institucional era marcada Aspectos como la justicia y la distribución del ingreso, dependían de los programas sexenales promovidos por el presidente en turno. Cambiado éste, el país se volvía a inventar con los nuevos programas encabezados por el presidente que recién entraba.
Esto no cambió con los dos gobiernos de corte panista que abarcaron del 2000 al 2012. Y continuaron con el regreso del PRI a la presidencia en este último año.
En 2018 se presentaba la oportunidad de cambiar esa imagen de debilidad institucional. El candidato opositor que en su tercer intento lograba llegar a la Presidencia, concentraba buena parte del descontento social. Andrés Manuel López Obrador llegó a la primera magistratura con un discurso de cambio y renovación en gobierno.
Sin embargo, una vez que ha corrido más de medio sexenio, nos hemos encontrado con un presidente que desdeña las instituciones, y lejos de ello, se convierte en un caudillo más que según su forma de pensar es gracias a él que este país funciona. El Presidente tiene un marcado desdén por las instituciones. Todo lo que se opone a su proyecto de Cuarta Transformación lo tacha de neoliberal y conservador. Si alguna institución le dice no, el Presidente dice que no sirve.
Ahora que busca llamar a consulta para la revocación de su mandato, que más bien pretende su ratificación, se ha enfrascado en una discusión con el Instituto Nacional Electoral (INE) por los recursos para ese ejercicio. El INE le ha dicho que en el Presupuesto de Egresos para este año, la Cámara de Diputados no le asignó los recursos suficientes para tal ejercicio. Sin embargo, el presidente insiste en que el presupuesto del INE alcanza para la consulta si los consejeros se rebajan los sueldos y si aplican su plan de austeridad republicana.
Asimismo, la dependencia institucional al presidente se refleja en la declaración expresada en una de sus tantas conferencias mañaneras, cuando dijo que ya tiene listo su testamento político, el cual tiene la motivación de garantizar la gobernabilidad del país en caso de su fallecimiento durante el ejercicio de su encargo.
López Obrador olvida que para eso existe la Constitución que prevé la ausencia del presidente en funciones. Sin embargo, en esa cultura arraigada de concebir lo público como privado, y al viejo estilo de los tiempos del partido hegemónico, el mandatario concibe al Estado como si fuera de su propiedad a tal grado que busca dejar sucesor.