25 abril de 2022
Por: Rodrigo Haro
El decreto de Pueblos Nahuas de Morelos fue presentado el 24 de abril en Cuentepec y en el marco de la clausura de La Caravana por el Agua y la Vida. Después de dos días de asamblea, autoridades agrarias, delegados y representantes de comunidades, presentaron un comunicado, dónde denuncian las afecciones que han sufrido los pueblos por la minería y declaran la prohibición de estas actividades apoyándose en tratados internacionales firmados por el estado mexicano.
“La Madre Tierra, la vida que de ella se nace y nuestros territorios son sagrados para nuestro pueblo, para su historia y su memoria, así como para todas nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. En consecuencia, se prohíbe la minería en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos”
Dentro del comunicado, también denunciaron que el 70% del territorio mexicano, está concesionado a la minería, cerca de 22 millones de hectáreas, y que la industria minera es de las más destructivas porque para obtener algunos gramos de oro se tienen que remover varias toneladas de suelo.
Además declararon que los procesos de las minas, tienen preferencia sobre el uso de agua y que contaminan grandes cantidades del líquido, porque utilizan cianuro para separar el oro de otros elementos.
“La destrucción del agua, no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra”
La denuncia al Proyecto Integral Morelos
El PIM, es uno de los proyectos estrella de la 4T, el proyecto consta de 2 Termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto de 160km y un acueducto que desviará agua del ejido de Ayala, por lo que los pobladores están preocupados al ser la agricultura y ganadería, su principal actividad.
Tratados Internacionales sustentan decreto.
Las comunidades firmantes del decreto, se apoyaron en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como la declaración universal Sobre los derechos indígenas; el convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pues estos tratados:
“establecen el derecho de nuestros pueblos para asumir el control de nuestras instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y para mantener y fortalecer nuestras identidades, lenguas, territorios y recursos naturales, dentro del marco del estado en que viven”
Los ejidatarios y campesinos denunciaron también que al presidente Andrés Manuel no le importa respetar sus derechos ni proteger la naturaleza, pues en noviembre se emitió el acuerdo presidencial que prioriza la implementación de estos proyectos, ordenando al poder judicial, dar autorizaciones provisionales, cuestión que además de violar la propia constitución mexicana, suprime todos los derechos que son garantizados en los tratados internacionales con los que los pueblos sustentan este decreto.
