Más de cinco décadas después de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz durante la “guerra sucia”, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos reclaman memoria, verdad y justicia. El evento, convocado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, busca presionar a la CIDH para que emita un dictamen sobre el caso.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 3 de julio 2025.- La historia de resistencia de la familia Guzmán Cruz, originaria de la comunidad p’urhépecha de Tarejero en Zacapu, Michoacán, sigue vigente tras 51 años de impunidad. Entre 1974 y 1976, José de Jesús Guzmán Jiménez y sus cuatro hijos —Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz— fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad, en un contexto de represión sistemática contra movimientos sociales. Su crimen, calificado como de “lesa humanidad”, marca el primer caso documentado de desapariciones forzadas en Michoacán.
Según el comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), difundido el día de ayer 2 de julio, los Guzmán Cruz fueron trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y luego al Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México, donde “fueron interrogados y desaparecidos”. Desde entonces, sus familiares emprendieron una batalla legal en instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el caso fue admitido en 2013 pero aún espera resolución.
“No olvidamos y no perdonamos”, enfatizó el CSIM, y destacó cómo la lucha se ha vuelto intergeneracional, sumando a comunidades indígenas, organizaciones como COFADDEM “Alzando Voces” y autoridades tradicionales. La demanda central es clara: justicia, medidas de no repetición y un dictamen urgente de la CIDH, cuya audiencia pública se realizó en 2017 sin avances concretos.
En este contexto, el Acto Político-Cultural “Los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha”, programado para el 16 de julio en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, busca visibilizar el caso y presionar a las autoridades. “Es un llamado atento, enérgico y urgente”, subrayó el CSIM, quien invitó al público a participar en actividades culturales y políticas para romper el silencio histórico.
Por otro lado, el evento también pone en relieve la persistencia de la violencia estatal contra pueblos originarios, un patrón que, según defensores, se repite en la actualidad. “Este caso es emblemático no solo por su antigüedad, sino por la impunidad que persiste”, señaló un portavoz del CSIM en entrevista previa.
Con el lema “No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final”, la familia Guzmán y sus aliados exigen que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y que la CIDH acelere su fallo. Mientras, el acto en Morelia servirá para reforzar la memoria colectiva y demandar que crímenes de la “guerra sucia” no queden en el olvido.
