En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizaciones denuncian que al menos 68 personas indígenas defensoras de derechos humanos, territorio y comunidad han sido asesinadas en México entre 2016 y 2025, mientras cinco permanecen desaparecidas. Exigen medidas de protección culturalmente pertinentes y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 9 de agosto de 2025.– Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizaciones de derechos humanos recordaron las violencias que enfrentan pueblos y comunidades indígenas en México y exigieron al Estado implementar medidas efectivas para garantizar su vida, integridad y proyectos comunitarios.
De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre 2016 y 2025 al menos 68 personas indígenas defensoras han sido asesinadas por su labor en defensa del territorio y la vida. A esta cifra se suman siete intentos de homicidio y 17 desapariciones; de estas últimas, 12 personas fueron localizadas con vida y cinco siguen desaparecidas. Del total de 92 víctimas registradas, 82 eran hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.
Las agresiones incluyen criminalización, amenazas, estigmatización, desplazamiento forzado y ataques a comunidades y autoridades tradicionales. Un caso emblemático es el de Pablo López Alavez, defensor zapoteco del bosque, detenido arbitrariamente en 2010. El 15 de agosto cumplirá 15 años en prisión, a pesar de que en 2017 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su reclusión era injusta.
Las organizaciones advirtieron que las violencias provienen tanto de actores privados, como empresas y estructuras criminales, como de agentes estatales. Señalaron que las respuestas institucionales han sido insuficientes y llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a implementar medidas colectivas, culturalmente pertinentes, con perspectiva de género y recursos suficientes.
Asimismo, demandaron que el Estado mexicano cumpla con el Acuerdo de Escazú, convocando a pueblos y comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Poder Judicial para definir acciones concretas de implementación y monitoreo.
Las organizaciones subrayaron que los pueblos indígenas sostienen formas de vida comunitarias y sostenibles que ofrecen alternativas frente a los modelos extractivos y son esenciales para enfrentar la crisis climática y de derechos humanos. Llamaron a la sociedad, medios e instituciones a visibilizar, respetar y respaldar su resistencia, reconociendo su derecho a existir con dignidad, justicia y autodeterminación.
