Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El 16 de marzo de 1863, Chilapa se convirtió en la primera diócesis del estado de Guerrero. Esta tradición católica marcó por siglos una forma de vivir cimentada en el ciclo litúrgico que hasta la fecha se práctica tanto en la catedral como en las diferentes iglesias que se ubican en sus barrios tradicionales. Por muchas décadas el seminario diocesano se transformó en el centro de formación para jóvenes que aspiraban estudiar la filosofía y la teología, tanto para quienes querían ser sacerdotes como para quienes vieron la posibilidad de contar con estudios superiores no oficiales, que les ayudaran a conseguir algún trabajo en las instituciones educativas del Estado.
El colegio Carrillo Cárdenas y el Colegio Morelos fueron internados y escuelas para mujeres y hombres jóvenes que deseaban estudiar la secundaria y la normal. El siglo pasado Chilapa no sólo fue un centro religioso, también fue una ciudad rica en expresiones culturales, en tradiciones religiosas populares y en su tianguis dominical. Era visitada por decenas de madres y padres de familia de las 7 regiones que tenían a sus hijos e hijas estudiando en Chilapa. Su gastronomía también fue un atractivo para los visitantes. Sus calles amplias trazadas por los Agustinos, se transitaban con tranquilidad y seguridad.
Hace más de dos décadas Chilapa se fue transformando en una de las ciudades más peligrosas del estado. Se asentó el grupo delincuencial conocido como Los Rojos. Su líder Zenén Nava tomó el control de la ciudad imponiendo su ley a través de las armas. Los asesinatos se consumaban en lugares públicos. La autoridad municipal quedó supeditada al dominio del jefe de la plaza. La población fue sometida a punta de metralla por jóvenes que formaban parte de Los Rojos. Su poder se extendió al municipio de Zitlala, Tixtla y Tlapa. Logró incursionar en varios giros de la economía criminal. También disputó el control del transporte público foráneo donde se incrementó la violencia por el control de las rutas con otros grupos que tenían en la mira de tomar el control territorial. En la ciudad se incrementaron los asaltos, los robos de vehículos, las desapariciones y asesinatos de jóvenes. El cruce de Chilapa era muy peligroso porque fácilmente los vehículos eran interceptados, obligando a los viajeros a bajar de su unidad. Los golpeaban y en varias ocasiones los asesinaban.
Este ambiente de terror aumentó cuando más de 300 personas armadas, provenientes de varias comunidades indígenas, entraron a la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015. Se autodenominaron comunitarios por la Paz y la Justicia. En esas fechas de la irrupción sometieron a la policía municipal y entraron a algunos domicilios para sacar a los jefes de familia y subirlos a sus camionetas. Instalaron retenes en el boulevard Eucaria Apresa y durante 6 días tomaron el control de la ciudad, deteniendo principalmente a jóvenes que en su mayoría siguen desaparecidos. Decían que su presencia era para reestablecer el orden, que ya estaban hartos de los secuestros y homicidios de Los Rojos.
Desde esa fecha la disputa por el control de la ciudad desencadenó la violencia en las calles, en las carreteras y en las comunidades. Con la detención de Zenén Nava el 20 de agosto de 2019 la plaza de Chilapa quedó en manos del grupo conocido como Los Ardillos. El clima de violencia persiste y en los últimos años se ha extendido a las comunidades indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera, principalmente. Lo más grave de esta irrupción de Los Ardillos es que las comunidades indígenas están sometidas por los mandos del crimen organizado. Sus comisarios y comisariados agrarios tienen que obedecer las órdenes de los nuevos jefes de la plaza. Son comunidades que por el abandono secular de las autoridades mestizas han sucumbido ante el poder fáctico de quienes tienen el control del municipio. Las comunidades que no se adhieren a su organización son tratadas como enemigas a las que se les agrede para doblegarlas y someterlas.
El caso de las comunidades nahuas adheridas al Consejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF) han denunciado sistemáticamente las agresiones sufridas por parte de Los Ardillos. Son 27 comunidades nahuas que en su mayoría pertenecen al municipio de Chilapa de Álvarez y sólo cinco comunidades a José Joaquín de Herrera. Todas ellas sobreviven con la siembra del maíz de temporal. Lamentablemente esta actividad es de alto riesgo, porque cuando van rumbo a sus parcelas son agredidos a balazos. Ahora tienen que hacer guardias permanentes para evitar alguna incursión armada del grupo delincuencial. En este contexto, varios padres de familia decidieron en asamblea incorporar a los niños mayores a la policía comunitaria. En el 2019 dieron a conocer la participación de los niños ante el bajo número de jefes de familia que hay en las comunidades. Las mismas esposas se involucraron como parte de la seguridad comunitaria.
Lo inaudito es la inacción de las autoridades. El presidente municipal de Chilapa no atiende a las comunidades indígenas que sufren el asedio y la violencia de Los Ardillos. Como presidente nunca ha visitado estas comunidades por iniciativa propia. Nadie lo puede localizar. No despacha en la presidencia. La gente percibe que no hay gobierno y que por lo mismo el poder real ha quedado en manos de Los Ardillos.
Las comunidades agredidas no han sido atendidas como se merecen por los tres niveles de gobierno. El 22 de octubre del año pasado aprovecharon la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abordarlo en el crucero 81 en la comunidad de Papaxtla, Chilapa. En ese encuentro un comisario municipal le manifestó la delicada situación que enfrentan. Relató los agravios que han sufrido y expresó el olvido en que se encuentran sumidos. Se quejó de que no son atendidos y que el grave problema de la violencia y la inseguridad que padecen se debe a que la Guardia Nacional, el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado se niegan a permanecer en sus comunidades. Su presencia es transitoria, y para la gente esta forma de patrullar los caminos no resuelve de fondo la inseguridad que impera en la región.
Han pedido que se investiguen los asesinatos y las desapariciones que han registrado desde el 2015. Han demandado que ejerciten las órdenes de aprehensión contra los responsables y que se desmonte la estructura delincuencial que se ha anclado en varios municipios de la región. Reiteraron su exigencia de justicia por sus compañeros caídos y desaparecidos. Demandaron una mesa de trabajo para que sean atendidas sus demandas añejas. El presidente recibió el documento del Cipog-EZ donde iban los nombres de más de 50 personas asesinadas. Les comentó que en dos semanas los visitaría la gobernadora y el subsecretario Alejandro Encinas, para darle seguimiento a sus planteamientos. Este compromiso no se cumplió y, más bien, fueron víctimas de otra agresión el 5 de noviembre cuando tres de sus compañeros fueron asesinados, cuando se desplazaban en una camioneta Nissan rumbo a Chilpancingo. Dos personas que se desplazaban en una motocicleta les dieron alcance para asesinarlos.
Para la gente del Cipog-EZ fue su última esperanza hablar con el presidente, porque lograron que escuchara de viva voz el clamor de la gente indígena de Chilapa. Les entristece que no llegue la justicia. Las autoridades estatales no los han visitado para resolver sus demandas más sentidas. Lo que más les desespera es su inacción, su complicidad con los responsables de los crímenes atroces que cometen. Para las comunidades no hay obra pública, por el contrario, les violentan el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y un empleo remunerado. Lo más trágico es que varias personas murieron cuando iban a Chilapa para curarse. En lugar de encontrar la salud se toparon con la muerte. Los jóvenes ya no pueden salir a estudiar la preparatoria ni la universidad porque temen perder la vida en el camino o en la misma ciudad de Chilapa.
En varias comunidades indígenas como Alcozacán, donde asesinaron a 12 de sus compañeros, campea la tristeza, el dolor y el miedo. Las viudas y los huérfanos sobreviven de lo poco que logran cosechar en sus parcelas. Ninguna autoridad se encarga de escucharlos. Entre menos se quejen es mejor para los gobernantes porque se la pueden llevar tranquilamente, sin que les importe la extrema pobreza en que se encuentran sumidas las familias indígenas que son víctimas de la violencia.
El pasado viernes 18 las comunidades del Cipog-EZ decidieron hacer pública su protesta marchando del crucero de San Jerónimo a Alcozacán para exigir justicia por Esteban Xochitempa Tepexco y de su hijo Juan Xochitempa Macario asesinados en una gasolinera de Chilapa cuando se disponían a comprar sus productos básicos para llevarlos a la comunidad. El pasado jueves 17 de agosto tres jóvenes que fueron al corte de uva a Baja California, se reportaron con sus familiares a las 7:30 de la mañana de que se habían subido a una de las camionetas Urvan que van a Chilapa. Su familia estuvo pendiente de su llegada, sin embargo, no se reportaron durante todo el día. Hasta la fecha no aparecen Marcelino Hernández Tecorral de 23 años, Nicolás Rodríguez Díaz de 25 años y Ángel Villalba Salvador de 29 años. Los tres indígenas nahuas son de Zacapexco, municipio de Chilapa. Hasta la fecha las autoridades no les han informado de las acciones que han realizado para dar con el paradero de los tres jornaleros desaparecidos. Fue hasta este domingo cuando acudió el ministerio público a Alcozacán a tomar las declaraciones de sus familiares. Las 27 comunidades indígenas han bloqueado la carretera que va de Chilapa a José Joaquín de Herrera como una medida obligada para exigir que las autoridades federales y estatales se aboquen a la búsqueda de sus tres compañeros. El cerco del crimen organizado se mantiene incólume, atentando contra la vida de los indígenas que salen en busca de un doctor, de un empleo o para vender su maíz y su leña para subsistir.
El Cipog-EZ ha registrado cuatro personas asesinadas en el 2015, en 2016 una, en el 2018, 12, en el 2019 fueron 17, en el 2020, 16, en el 2021, 2 personas, en el 2022, 10 personas y 2023, 2. Además, tiene un registro de 23 personas desaparecidas.
Los asesinatos y desapariciones de indígenas nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera son acciones criminales que tienen como fin causar terror entre las comunidades del Cipog-EZ. Se obstinan en desmantelar la organización comunitaria y atentar contra la vida, para acallar su reclamo de justicia y demostrar que la ley la aplican ellos, y no las autoridades que han sucumbido en Chilapa y José Joaquín de Herrera.
