Ciudad de México, 28 de enero de 2021. Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía de Tamaulipas para que investiguen de manera exhaustiva la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, ocurrida el pasado viernes 22.
Junto con más de cien organizaciones adherentes, las y los defensores señalaron que el objetivo es que se investiguen de manera sistemática todos los crímenes contra migrantes en el norte del país y permitir a las familias el acceso a las investigaciones.
Por su parte, la Red Jesuita para Migrantes de Centroamérica y Norteamérica exigió a los gobiernos de México y Guatemala actuar con celeridad para esclarecer los hechos, dar con los responsables y procesar a los victimarios, además de identificar adecuadamente a las víctimas, presumiblemente migrantes guatemaltecos.
Por separado, ambas coordinaciones de organizaciones lamentaron la impunidad en la que han quedado las anteriores masacres de migrantes en México y señalaron a ésta como un factor para que sigan ocurriendo estas graves violaciones
La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense. Desde ese momento se especuló con la posibilidad de que las víctimas fuesen migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
El lunes 25 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas recabó las muestras de ADN de los cuerpos calcinados que se encuentran resguardados en una funeraria privada. En Guatemala, el gobierno nacional tomó las pruebas genéticas a las familias para realizar los exámenes forenses.
La mayoría de las víctimas serían indígenas mam, originarias del departamento de San Marcos, al noroeste de Guatemala. El mam es uno de los 24 pueblos indígenas que habitan Guatemala y mantienen su propio idioma, por lo que algunas de las familias de las posibles víctimas son monolingües. San Marcos es uno de los departamentos más marginados del país centroamericano: el 60% de sus habitantes vive en situación de pobreza y otro 22% en pobreza extrema.
Para las organizaciones denunciantes ante la FGR, “el gobierno de México ha insistido en todas sus comunicaciones en una migración ordenada, segura y regular; es claro que la política implementada no garantiza nada de esto”, recalcaron las organizaciones, y condenaron la militarización de las fronteras, misma que equipararon con “una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas”.
