Plataformas de búsqueda destacan inclusión de figuras como “familia social” y “nombre social” en la iniciativa de reforma presentada por Claudia Sheinbaum; llaman al Senado a garantizar participación plena en el Parlamento Abierto y abren ruta para una política de Estado contra la desaparición.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.- Tras un intenso proceso de diálogo entre colectivos de familias y el gobierno federal, tres importantes plataformas —el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda y RIAPD— informaron sobre los avances y desafíos de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El diálogo, que se estructuró desde 2024 como una respuesta a la creciente crisis de desapariciones y en medio del impacto nacional por los hallazgos en Teuchitlán, culminó con una serie de mesas de trabajo realizadas entre el 22 y el 24 de abril de 2025. En estas mesas participaron cuatro plataformas de familias, quienes propusieron cinco ejes prioritarios: búsqueda y seguridad, identificación humana, bases de datos, bienestar para las familias, y prevención.
Uno de los avances más significativos fue el reconocimiento legal de las figuras de “familia social” y “nombre social”, una demanda histórica de colectivos LGBTTTIQ+. Esta modificación permitirá que personas desaparecidas puedan ser buscadas por su comunidad afectiva y ser registradas conforme a su identidad autopercibida.
Asimismo, se estableció la obligación legal de implementar programas de bienestar con énfasis en niñas, niños y adolescentes, así como medidas claras de prevención. También se acordó la inclusión de averiguaciones previas en la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación para atender casos de larga data.
En cuanto a la Plataforma Única de Información (PUI), las familias lograron delimitar su uso exclusivo para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Se acordó el acceso restringido mediante un Folio Único de Búsqueda o número de carpeta, con protocolos para evitar el uso indebido y proteger los datos personales.
No obstante, los colectivos alertaron sobre puntos críticos que no fueron integrados en el dictamen emitido la noche del 25 de junio. Entre ellos, la falta de mecanismos de control explícitos para la PUI y la ausencia de un marco legal armonizado que regule su implementación. También señalaron que no se permitió una revisión integral de otros marcos normativos relacionados.
Las plataformas reiteraron que es indispensable que el Senado escuche a todos los actores sociales, en especial a las familias y colectivos, en el marco del Parlamento Abierto. Además, celebraron la apertura de una nueva ruta de diálogo para el diseño de políticas públicas con miras a construir una política de Estado que articule la búsqueda, identificación, atención a familias, prevención y medidas de no repetición.
“Este proceso es una muestra clara de que sin las familias no es posible avanzar. Debemos seguir insistiendo en que la ley y las políticas públicas respondan a las necesidades reales de quienes viven esta tragedia todos los días”, señalaron en su comunicado conjunto.
Finalmente, los colectivos invitaron a revisar el dictamen legislativo y el documento final del proceso, donde se detallan aportes específicos y los temas aún pendientes.
