Según un informe del Nodo de Derechos Humanos, el operativo del 4 de junio en Santiago Mexquititlán evidenció tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual contra integrantes de la comunidad ñhöñhö, en un contexto de despojo territorial ligado al proyecto Batán y a intereses inmobiliarios en Querétaro.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 18 de junio 2025.- El pasado 4 de junio de 2025, elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) irrumpieron en diversos barrios de la comunidad indígena ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, donde detuvieron de forma arbitraria a cinco jóvenes: Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez, José L. y Uriel D. De acuerdo con el Informe “Despojo, racismo y colonialismo en Querétaro” del Nodo de Derechos Humanos, las detenciones ocurrieron sin fundamento legal, sin presencia de abogados ni intérpretes, y estuvieron marcadas por actos de violencia y tratos crueles.
Además, la defensora de derechos humanos Estela Hernández —integrante del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida— fue agredida por al menos diez elementos policiacos mientras documentaba la situación en el DIF municipal, donde los jóvenes se encontraban incomunicados. “Me tiraron, me patearon en los pies y por mis partes, me jalaron del cabello”, declaró la activista, señalando también insultos con carga racista como “pinche india”.
El informe detalla que ni la detención ni la posterior liberación de las personas involucradas fueron justificadas por las autoridades. Las acciones estatales se realizaron fuera del marco legal y con un uso excesivo de la fuerza pública, lo que configura, según el documento, actos de tortura, violencia de género y discriminación racial.
Los hechos del 4 de junio, subraya el informe, no son aislados, sino parte de una estrategia de represión sistemática contra el pueblo ñhöñhö por su defensa del agua y el territorio. El documento enfatiza que esta violencia se intensifica contra mujeres defensoras como Estela Hernández y Sara Hernández, lo que revela un patrón de crímenes de Estado patriarcal. “El Estado encarcela, golpea, criminaliza y estigmatiza particularmente a las mujeres de la comunidad con el objetivo de mandar un mensaje”, indica el informe.
Las declaraciones posteriores del secretario de Gobierno del estado, Carlos Alberto Alcaraz, y del gobernador Mauricio Kuri, minimizaron los hechos, justificando el operativo como una medida de “prevención ante conductas de riesgo”. Estas afirmaciones, señala el informe, forman parte de una narrativa oficialista que busca negar la violencia institucional y culpabilizar a las víctimas.
El informe de NODHO advierte que detrás de la represión se encuentra el interés del gobierno estatal por avanzar con el megaproyecto hídrico “Batán: Agua para Todos”, que pretende abastecer a la zona metropolitana de Querétaro a través de una red hídrica controlada por la empresa SAQSA y el fondo de inversión EXI, con financiamiento del FONADIN y BANOBRAS.
Santiago Mexquititlán se asienta sobre uno de los pocos acuíferos sin sobreexplotar en el estado, lo que lo convierte en un blanco estratégico. El informe advierte que la integración forzada del pozo comunal al sistema estatal, junto con el cambio de uso de suelo y el crecimiento de proyectos inmobiliarios, amenaza con provocar el desplazamiento de la comunidad y la pérdida de su autonomía hídrica.
Pese a la violencia estatal, la comunidad ñhöñhö mantiene una férrea defensa de su territorio. El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha impulsado amparos legales y estrategias comunitarias para proteger su pozo y rechazar el despojo hídrico. “Históricamente han defendido la naturaleza y la cultura que florece en el territorio de forma autodeterminada”, destaca el informe, que reconoce este proceso como una lección de dignidad y organización frente a los crímenes de Estado colonial.
El caso de Santiago Mexquititlán, concluye el documento, debe leerse como parte de una política estructural de racismo, extractivismo y violencia patriarcal impuesta desde el Estado. “La represión del 4 de junio es una muestra alarmante de cómo el aparato estatal puede ser utilizado para imponer intereses privados y destruir procesos comunitarios que defienden la vida, el agua y la autonomía.”
