Organizaciones civiles y académicas advierten que el Estado mexicano continúa autorizando el uso de plaguicidas altamente peligrosos, muchos prohibidos en la Unión Europea y Estados Unidos. El nuevo informe 2025 revela que estas sustancias están vinculadas con cáncer, daño reproductivo y la muerte masiva de abejas. Expertos exigen una política de Estado basada en el principio precautorio y denuncian violaciones a los derechos humanos.
Por Edson Ulises / @Somoselmedio
Ciudad de México, 15 de julio 2025.- En el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), organizaciones civiles y académicas presentaron este martes un diagnóstico actualizado sobre el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en México. El informe, titulado Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y Prohibidos en otros países 2025, fue elaborado por el Dr. Fernando Bejarano González, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), en colaboración con las doctoras Aurora Elizabeth Rojas García y Yael Yvette Bernal Hernández, investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
De acuerdo con los ponentes, los hallazgos del diagnóstico exponen una profunda contradicción: mientras países como los de la Unión Europea o Estados Unidos han prohibido cientos de agroquímicos por sus riesgos a la salud y al ambiente, México sigue permitiendo su uso sin restricciones suficientes ni una política pública integral.
El Dr. Fernando Bejarano González, director de RAPAM y coordinador del estudio, explicó que esta actualización consolida datos recabados desde 2017, cuando se documentó por primera vez la magnitud del problema. “Lo que encontramos es que, lejos de reducirse, la presencia de estos tóxicos persiste debido a la falta de una política de Estado clara”, señaló.
El análisis cruzó información oficial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con listados internacionales, como los de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN Internacional). El resultado es contundente: de los 210 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México, 171 están prohibidos o restringidos en otras naciones. Entre ellos destacan sustancias con efectos devastadores: 67 son altamente tóxicas en exposiciones agudas, 45 están clasificadas como cancerígenas probables o posibles, y 42 afectan la reproducción humana, dañando la fertilidad o el desarrollo fetal.
Uno de los casos más alarmantes es el del clorpirifos, un insecticida neurotóxico ya incluido en el Convenio de Estocolmo para su eliminación global. La Dra. Aurora Rojas García, coautora del informe e investigadora de la UAN, advirtió que no existe un nivel seguro de exposición a esta sustancia, particularmente para niñas, niños y mujeres embarazadas. “Es inaceptable que, pese a las evidencias, el clorpirifos siga siendo utilizado incluso en campañas de fumigación del CENAPRECE para control de mosquitos”, denunció.
La investigadora también señaló que esta sustancia sigue siendo empleada por la Secretaría de Salud en programas de control de vectores, como el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.
Por su parte, la Dra. Yael Bernal Hernández subrayó que el informe no es solo un documento técnico, sino una herramienta para exigir transparencia y acciones urgentes. “Las autoridades deben actuar con responsabilidad y bajo el principio precautorio, especialmente cuando hay poblaciones vulnerables expuestas diariamente a estos químicos”, afirmó. Añadió que muchos de estos compuestos ya están científicamente identificados como altamente tóxicos en personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y mujeres embarazadas.
El impacto ambiental también es grave. El estudio revela que 79 de los plaguicidas autorizados en México son altamente tóxicos para las abejas, agravando la crisis de los polinizadores que ha devastado colmenas en regiones como la Península de Yucatán. “Las comunidades indígenas y campesinas llevan años denunciando muertes masivas de abejas por fumigaciones, pero no hay respuestas efectivas”, lamentó Bejarano.
A esto se suman 17 sustancias que contaminan ecosistemas acuáticos y 14 que persisten durante años en el suelo y el agua, afectando fuentes vitales para comunidades rurales. Entre los compuestos más preocupantes están el fipronil y los neonicotinoides imidacloprid y tiametoxam, prohibidos en Europa por su papel en el colapso de las colmenas, pero aún sin regulación estricta en México.
Otro punto destacado en el informe es el uso del glifosato, herbicida ampliamente utilizado en cultivos transgénicos. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo ha clasificado como “probable cancerígeno”. Bejarano recordó que, aunque durante el sexenio anterior se promovieron alternativas agroecológicas, el glifosato sigue aplicándose en grandes extensiones agrícolas. “No solo está ligado al cáncer; también es un disruptor hormonal y contamina suelos y agua. México debe acelerar su eliminación progresiva”, enfatizó.
Más allá de las fallas regulatorias, el informe denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La exposición crónica a estos químicos vulnera el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación libre de tóxicos, especialmente en grupos marginados como jornaleros agrícolas, niñas, niños y comunidades indígenas. “Esto no es un asunto técnico, es una emergencia de salud pública y justicia ambiental”, enfatizó Bejarano.
Las demandas clave del documento incluyen la creación de un sistema nacional de vigilancia que permita rastrear el uso real de plaguicidas en el país —actualmente opaco debido a permisos con vigencia indefinida— y una reforma al Reglamento de Plaguicidas para alinearlo con los estándares internacionales de protección a la salud y el ambiente.
A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2018 la Recomendación 82, en la que urge a las secretarías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente a coordinar la prohibición progresiva de estos compuestos, los avances han sido mínimos. “La Cuarta Transformación no puede dejar este tema en el olvido. Sin una política de Estado, seguiremos viendo daños irreversibles a la salud y al ambiente”, concluyó Bejarano.
El informe completo está disponible para consulta pública en los sitios web de RAPAM y la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, como un llamado a la acción para autoridades, medios y sociedad civil.
