Cancún, Quintana Roo, a 10 de febrero de 2020.- La noche de este 9 de febrero, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra de Mario Marín, exgobernador del estado de Puebla, detenido el pasado 3 de febrero y señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.
Esto significa que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen.
En conferencia de prensa, Lydia Cacho y ARTICLE 19 informaron que seguirán defendiendo y robusteciendo las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos (Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo).
El auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel por actos de tortura cometidos en menoscabo de la libertad de expresión.
Sin embargo, la justicia no será plena hasta que sea condenado y junto con él, todos los responsables hayan sido llevados ante la justicia y castigados. También se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Lydia y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición. Como ella declaró el 10 de enero de 2019, durante el evento de la disculpa pública y reconocimiento del Estado mexicano, “No habrá justicia y seguiremos luchando hasta que el [el Estado] cumpla con todas las víctimas”.
En marzo de 2005, Lydia Cacho publicó el libro “Los Demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”, en el cual reveló la existencia de una red de corrupción y explotación infantil. En dicho libro, señaló al empresario José Kamel Nacif Borge, a Jean Succar Kuri, al exgobernador de Puebla, y a otros políticos como Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa .
Los días 16 y 17 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue víctima de detención arbitraria, tortura sexual y discriminación en razón de género a manos de agentes del Estado mexicano durante su traslado de más de 20 horas de Quintana Roo al estado de Puebla. Esto como parte de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, orquestada por Mario Marín, a raíz de la denuncia por difamación que Kamel Nacif interpuso contra la periodista por la publicación del libro.
La lucha de 15 años librada por Lydia da luz de la existencia de redes político-criminales donde silenciar a periodistas, que revelan sus actos ilegales relacionados con grave corrupción y graves violaciones de derechos humanos, asegura su permanencia.
El 21 de julio de 2019, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y envenenaron a sus mascotas. Como consecuencia, hace casi 2 años que Lydia no puede volver a su casa, pues hasta ahora, no existen las condiciones que le permitan vivir sin miedo y tampoco aquellas que garanticen que su voz y su lucha no serán reprimidos.
Las agresiones contra Lydia fueron cometidas por una red de poder que va más allá del caso e implica esquemas de trata de personas, pornografía infantil y lavado de dinero.
ARTICLE 19 detalló que la vinculación de estas redes con cuestiones de lavado de dinero se ha expuesto a través de los amparos promovidos por los familiares de Marín Torres, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas en marzo de 2020. En la resolución judicial que las descongeló, se muestra que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) emitió el 12 de marzo de 2020 una solicitud internacional de investigación por blanqueo de capitales.
Finalmente, ARTICLE 19 exigió:
- A las autoridades judiciales imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables.
- A la Fiscalía General de la República actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam.
- Al Estado, implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia. En especial garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para su regreso.
- A todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, combatir la impunidad en delitos contra la libertad de expresión y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos pueden ejercer sus derecho a la libertad de expresión.
- Continuar con debida diligencia la investigación del allanamiento a la casa de Lydia ocurrida en 2019 para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables.
- Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia.
