Ciudad de México, 26 de marzo de 2021. El juez de distrito con sede en Reynosa, Gerardo Eduardo García Salgado, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar carpeta de investigación por la masacre de 19 personas migrantes en Camargo, Tamaulipas.
El 25 de enero de 2021, representantes de diversas organizaciones civiles y colectivos de víctimas presentaron una denuncia de hechos por el hallazgo de los cuerpos ante la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) a efecto de que iniciara una investigación.
Sin embargo, la Unidad de Migrantes de la FGR respondió al siguiente día que los hechos corresponden al fuero común y que estaban siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que no procedía el inicio de la investigación en el ámbito federal.
En contra de esta determinación, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho promovió impugnación ante el juez de control federal el día 10 de febrero de 2021. En audiencia del 25 de marzo de 2021, el juez de distrito dio la razón a la Fundación.
El juez consideró que los agentes del Ministerio Público debían haber realizado previamente diligencias de investigación tendientes a verificar si existen elementos que acrediten la existencia de delitos que sean de su competencia. También recordó que los denunciantes, en términos generales, no tienen la obligación de presentar datos de prueba.
Además, el juez estableció que la privación de la vida de diecinueve personas debe ser considerada una grave violación de derechos humanos, que requiere ser atendida por el Estado en su conjunto y, consecuentemente, toda la sociedad tiene el derecho de saber la verdad y cuestionar las omisiones del Ministerio Público.
El juez agregó que la existencia de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no es impedimento para que la autoridad ministerial federal inicie a su vez carpeta de investigación, pues el objetivo es que se agoten todas las líneas.
“Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho consideramos que esta resolución es un importante precedente a fin de reconocer la dimensión social de las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, que nos afectan a todas y todos como sociedad, así como para establecer con claridad las obligaciones de las autoridades fiscales en torno a la investigación de los delitos, cuyo avance no puede depender de la información que aporten las víctimas o los denunciantes”, señaló la organización en un comunicado.
