Por Tonantzin Montzerrat/@Montze_AT
De acuerdo con el boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C. (Frayba), después de más de 20 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, el pasado 22 de enero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso de Antonio contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a la falta de resolución del caso por mal manejo de la investigación, sanción, juzgamiento así como la identificación de los responsables de la desaparición forzada.
Antonio González desapareció un 18 de enero de 1999, originario del pueblo maya Ch’ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla en Chiapas, se sabe que el delito fue cometido por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia durante la guerra contrainsurgente que el Estado Mexicano implementó para frenar con Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tras la llegada de grupos paramilitares en el estado se registraron cerca de 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas, sólo en la zona Norte Chiapas, hechos que fueron realizados bajo el consentimiento del Estado.
Es por ello que familiares de Antonio con apoyo de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) apoyan la decisión de CIDH de considerar al Estado como responsable de la violación de derechos, así como ser responsable de incumplir con la obligación de investigar de acuerdo con la ley y sancionar a cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas según a lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Por su parte, Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha presentado avances en la investigación, ya que ha demostrado falta de herramientas y acciones que permitan dar con el paradero de Antonio, por lo que el trabajo de investigación y responsabilidad ha recaído en los familiares de la víctima, a lo que la CIDH ha declarado que “el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
Según la organización Data Cívica, con información de Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) han desaparecido cerca de 97 mil 543 personas desde el año 2006 en México, de las cuales 57 mil 529 han aparecido vivas, 3 mil 767 han aparecido sin vida y 36 mil 247 aún siguen sin ser localizadas, a pesar de que las cifras no es una base saldo, permite conocer la gravedad de las desapariciones forzadas en el país.
Es por ello que, el Frayba reafirma y continúa con el compromiso hacia la familia de Antonio en busca de la justicia y la verdad, para la reparación y no repetición de los crímenes en unos de los municipios con mayor marginación en Chiapas.
