Tras más de 8 años privado de libertad, se espera que el Juez Décimo Primero de lo Penal determine su inocencia y reconozca las violaciones de derechos humanos sufridas por Cristian.
Por Redacción / @Somoselmedio
Organizaciones de derechos humanos exigen la libertad de Cristian Daniel Mejía Alvarado, quien fue detenido de manera arbitraria el 6 de enero de 2015 y sometido a actos de tortura por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (hoy Fiscalía del Estado de Jalisco).
Cristian ha permanecido más de 8 años privado de su libertad, tiempo en el que se le ha negado contar con otra medida alternativa a la prisión preventiva, y se espera que pronto el Juez Décimo Primero de lo Penal determine su inocencia. Este caso es representativo del uso indiscriminado de la tortura en Jalisco en procesos de detención e investigación criminal, así como del uso exacerbado y prolongado de la prisión preventiva en la entidad.
El 6 de enero de 2015, Cristian fue detenido de manera arbitraria mientras se trasladaba con su familia. Fue sometido violentamente y amenazado con armas de fuego para que subiera a un carro sin logo de alguna corporación.
Después de ser trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, fue víctima de tortura física, psicológica y sexual con la finalidad de que se declarara culpable de dos homicidios que no cometió. Además, fue presentado ante los medios de comunicación como un delincuente, violando su derecho a la presunción de inocencia, lo que generó que algunos medios replicaran la versión otorgada en su momento por la Procuraduría, revictimizando y criminalizando a Cristian.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, el 51.1% de las personas se declaran culpables con motivo de las amenazas y agresiones físicas (tortura física y psicológica) que viven, lo que muestra el uso indiscriminado de la tortura en procesos de detención e investigación criminal en Jalisco. Asimismo, Cristian forma parte del 60.16% de las personas que se encuentran privadas de su libertad en un centro penitenciario sin que se haya dictado sentencia, lo que demuestra el uso exacerbado y prolongado de la prisión preventiva en la entidad.
Las organizaciones que exigen la libertad de Cristian piden al Poder Judicial del Estado de Jalisco y, en particular, al Juez Décimo Primero de lo Penal, Juan Antonio Reynoso Nava, que analice el caso bajo un enfoque de derechos humanos, reconozca las violaciones de derechos humanos sufridas por Cristian y determine su inocencia, excluyendo todas las pruebas obtenidas de manera ilegal.
