Aunque un juzgado de Huautla de Jiménez dictó auto de libertad para la docente Olga Betanzos, organizaciones advierten que el Estado mexicano mantiene una estrategia de criminalización contra comunidades mazatecas defensoras del territorio en Eloxochitlán de Flores Magón.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 14 de julio de 2025.- Después de más de una década de persecución judicial, la profesora Olga Maribel Betanzos Fuentes, integrante de la Sección XXII del magisterio oaxaqueño, obtuvo el pasado viernes un auto de libertad emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que la criminalización contra defensores indígenas en Oaxaca continúa vigente.
La Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos-Oaxaca celebró la resolución como un triunfo parcial, pero alertó que el Poder Judicial del estado sigue actuando en complicidad con intereses políticos y económicos. En un comunicado difundido el mismo día, señalaron que, si bien el juez reconoció que Betanzos no participó en los hechos que se le imputaban, se mantuvo la acusación por “daño por incendio”, contraviniendo sentencias previas de amparo que ya habían declarado la inexistencia o prescripción del delito.
“Esta decisión judicial es una muestra más del cinismo del Poder Judicial del Estado, el cual actúa en complicidad con los intereses políticos de la diputada Elisa Cepeda y el gobierno estatal”, denunció la organización.
Durante más de diez años, las organizaciones han presentado pruebas técnicas y peritajes científicos que desmienten la versión oficial sobre los hechos ocurridos en Eloxochitlán de Flores Magón, y sostienen que las acusaciones contra Betanzos y otros comuneros son parte de una estrategia para silenciar la defensa del territorio mazateco frente a proyectos extractivos.
El comunicado también relacionó la resolución judicial con la reciente gira del gobernador de Oaxaca a la Sierra Mazateca, a la que calificaron como “un acto de simulación política”. Según denunciaron, el mandatario estatal no acudió a escuchar ni a resolver las demandas históricas de las comunidades, sino a reforzar alianzas con los grupos de poder local.
“Con ellos sí posó para la foto, dejando clara su alianza con los caciques locales”, acusaron.
Asimismo, responsabilizaron a la diputada Elisa Cepeda, a quien señalaron como una de las principales operadoras políticas detrás de la persecución contra defensores comunitarios, y criticaron su paso fugaz por la Secretaría de la Mujer del estado.
“Su desinterés por las mujeres oaxaqueñas quedó demostrado, al igual que su participación en la persecución de luchadores sociales”, afirmaron.
Pese al fallo judicial favorable a Betanzos, la Coordinadora Internacional informó que la lucha continúa. Anunciaron que el próximo 18 de agosto, otros integrantes de la comunidad mazateca deberán presentarse nuevamente ante el juez Constantino Santiago, en busca de justicia.
El movimiento insiste en que la defensa de los recursos naturales y el territorio no es un delito, y exige el cese inmediato de la criminalización contra comunidades indígenas que se oponen al despojo y la imposición de megaproyectos.
