Por Sididh
Ciudad de México, 05 de octubre de 2020. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Sistema Universitario Jesuita pidieron al Congreso de la Unión no desaparecer los fideicomisos de atención a víctimas y de ciencias. La semana pasada, organizaciones de derechos humanos agrupadas en Espacio OSC rechazaron también la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y al Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Por su parte, el Centro Prodh señaló que la gestión del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV son herramientas para garantizar derechos. “Suprimirlos de tajo es regresivo”, advirtió.
La desaparición del fideicomiso de víctimas repercutirá directamente en los derechos y condiciones de vida adecuadas de todas las víctimas y particularmente de las familias de personas desaparecidas, señalaron los colectivos, mientras que las y los investigadores universitarios señalaron que es un contrasentido que se pretenda eliminar el apoyo a la ciencia que ha traído y puede seguir aportando conocimientos para superar la crisis.
La desaparición de los fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara el próximo 6 de octubre.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos recordó que el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos y llamó a que el Congreso de la Unión se abstenga de desaparecer el Fondo mencionado, evitando en todo momento violentar el principio de progresividad establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de derechos de todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el país.
