En México llamamos “medios libres” a casi cualquier cosa que no sea Televisa o un gobierno estatal. La etiqueta es cómoda pero borra distinciones que importan políticamente. Este texto recupera la categoría de “tercer sector de la comunicación” propuesta por la investigadora María Consuelo Lemus Pool para reconstruir, desde las radios mineras bolivianas hasta el ecosistema digital mexicano, qué hace que un medio sea libre —y por qué hoy depende de las comunidades que lo leen.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Cada vez que en México se habla de “medios libres“, la conversación se vuelve confusa en menos de un minuto. La etiqueta se usa lo mismo para una radio comunitaria zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca, para un colectivo de fotógrafos que cubre marchas en la Ciudad de México, para un sitio digital de periodismo de investigación o para cualquier medio que no pertenezca a Televisa, TV Azteca o a un gobierno estatal. La imprecisión no es inocente: borra distinciones políticas que importan y disuelve, en una sola palabra cómoda, las trayectorias muy distintas de proyectos que han pagado costos muy distintos por existir.
Este texto busca poner orden conceptual e histórico. No para clausurar la conversación, sino para devolverle precisión. Porque entender qué es un medio libre —de dónde viene la categoría, qué la distingue de “comunitario”, “indígena”, “alternativo” o “independiente”, y qué la hace posible o imposible en el México actual— es una condición previa para defender el periodismo que el Estado y el mercado no quieren pagar.
El tercer sector: la categoría que ordena el desorden
La investigadora mexicana María Consuelo Lemus Pool ha propuesto una categoría integradora para no perderse en la maraña de etiquetas: medios del tercer sector de la comunicación. La toma de las legislaciones latinoamericanas que reparten el espectro radioeléctrico en tres ámbitos de propiedad: el primer sector son los medios privado-comerciales con fines de lucro; el segundo, los medios público-gubernamentales; y el tercero, las personas y entidades sin fines de lucro, cuya propiedad es social y comunitaria (Lemus Pool y Cogco Calderón, 2019).
La virtud de esta categoría es doble. Por un lado, no encierra a los medios libres, comunitarios, indígenas, alternativos e independientes en definiciones rígidas: los reconoce como un campo en sí mismo, en el sentido bourdieuano del término —un espacio social atravesado por luchas históricas, donde los agentes ocupan posiciones que se definen por su distancia respecto a las posiciones de los otros sectores. Por otro lado, permite ver lo que estos medios tienen en común sin borrar sus diferencias: todos operan en tensión permanente con el paradigma privado-comercial dominante, todos se constituyen a través de una praxis que busca no reproducir las lógicas hegemónicas de operación, financiamiento y producción de contenidos.
La socióloga argentina Natalia Vinelli, citada por Lemus Pool, lo formula con precisión: la lógica del ser y hacer de los medios del tercer sector se ubica en el par tensión-transformación. No se trata de ser puros frente a los medios comerciales, sino de sostener una lucha cotidiana —editorial, organizativa, económica— para no terminar reproduciéndolos.
Una genealogía: de las radios mineras a la era digital
La idea misma de “medios libres” no aparece en el aire. Tiene una historia larga, latinoamericana, atravesada por la Guerra Fría, las dictaduras, la teoría de la dependencia y el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación.
Lemus Pool (2017) reconstruye esa genealogía y propone ubicar los orígenes en la segunda mitad de los años sesenta, cuando una generación de intelectuales latinoamericanos —Antonio Pasquali en Venezuela, Luis Ramiro Beltrán en Bolivia, Juan Díaz Bordenave en Paraguay, Mario Kaplún en Uruguay, Paulo Freire en Brasil, Máximo Simpson en Argentina— empezó a teorizar lo que ya estaba ocurriendo en la práctica: las radios mineras bolivianas que articularon la Revolución Nacional de 1952 y resistieron el golpe de Estado de 1964; las experiencias sandinistas en Nicaragua; Radio Enriquillo en República Dominicana; la prensa contestataria en las dictaduras del Cono Sur.
De ese caldo emergieron tres líneas o énfasis que, según Lemus Pool, siguen vigentes hasta hoy y permiten distinguir las distintas vocaciones que conviven bajo el paraguas del tercer sector: Primera línea: la comunicación para el desarrollo. Surgió como crítica al modelo difusionista de Everett Rogers, que entendía la comunicación como transferencia vertical de innovaciones tecnológicas hacia sociedades “atrasadas”. Frente a ese paradigma funcionalista y conductista, autores como Beltrán, Díaz Bordenave y Freire propusieron una comunicación dialógica, horizontal, basada en la participación de las comunidades en la definición de su propio destino. La praxis freireana —reflexión y acción del oprimido sobre el mundo para transformarlo— se volvió el núcleo conceptual de esta vertiente.
Segunda línea: la comunicación comunitaria. Vinculada a la cultura popular y la identidad, esta vertiente se desarrolló sobre todo en torno a las radios indígenas y campesinas. Su núcleo no es solo informativo: es la preservación de lenguas, tradiciones y formas propias de organización social. La apropiación del medio sirve para construir lo común, para tejer comunidad, para sostener identidades amenazadas por el modelo extractivo y homogeneizador del capitalismo global.
Tercera línea: la comunicación contrahegemónica. Es la que surge frente a los regímenes de censura y represión —las dictaduras del Cono Sur, los gobiernos autoritarios, los Estados que cierran el paso a las voces críticas. Su función, como la define Armando Cassigoli (citado por Lemus Pool), es la contrainformación: usar la información del sistema para reinterpretarla desde la perspectiva de los oprimidos, generar reflexiones críticas desde abajo, suplir los vacíos que dejan los medios cuyos dueños están enredados con el poder. Es la línea más cercana a lo que en México hoy llamamos, con cierta vaguedad, “medios libres”.
Estas tres líneas no son compartimentos estancos. Un mismo medio puede inscribirse en las tres a la vez, o moverse entre ellas según la coyuntura. Pero distinguirlas analíticamente sirve para no confundir un proyecto identitario indígena con un proyecto contrainformativo urbano, ni una iniciativa de comunicación para el desarrollo con un colectivo de activismo digital. Las trayectorias son distintas, las luchas son distintas, las necesidades son distintas.
La transición neoliberal y el regreso en clave digital
Durante los años ochenta y noventa, la conversación sobre comunicación alternativa se enfrió. Lemus Pool (2017) documenta cómo el desplome de la Unión Soviética, el Consenso de Washington de 1989 y la generalización del neoliberalismo trasladaron el debate del terreno político —Políticas Nacionales de Comunicación, NOMIC, derecho a comunicar— al terreno técnico: infraestructura, conectividad, acceso, mercados.
El Informe MacBride de 1980, que había documentado la concentración mediática mundial y propuesto democratizar las comunicaciones, fue archivado bajo presión de Estados Unidos y Reino Unido. La academia abandonó el término “comunicación alternativa” por su carga ideológica y lo sustituyó por categorías más asépticas como “comunicación comunitaria” o “comunicación para el cambio social”.
El regreso del tema, en la primera década del siglo XXI, llegó por dos vías simultáneas. Por un lado, el agotamiento del modelo neoliberal y el resurgimiento de movimientos sociales —indígenas, estudiantiles, feministas, ambientalistas— que necesitaban canales propios para comunicar sus demandas. Por otro, la digitalización: internet abarató brutalmente los costos de producción y distribución, permitió formas de organización horizontal que las viejas radios y prensas analógicas no podían sostener, y abrió un espacio donde cualquier colectivo con compromiso político podía publicar sin pedir permiso.
Pero la era digital no resolvió los problemas estructurales. Los resolvió aparentemente, mientras los desplazaba. La concentración mediática se trasladó a las plataformas globales —Meta, Google, X—; la dependencia de tráfico y publicidad recreó, dentro de internet, las mismas lógicas comerciales que los medios libres venían rechazando; y la brecha digital dejó fuera a las comunidades rurales e indígenas que históricamente habían sido el corazón del tercer sector.
El panorama mexicano: entre la criminalización y la precariedad
El caso mexicano es particularmente desfavorable. Lemus Pool y Cogco Calderón (2019) realizaron el primer censo del tercer sector mediático en el país e identificaron 399 medios: 253 con concesión estatal y 146 operando al margen de la regulación. Los hallazgos son crudos.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones a reservar el 10 por ciento de la banda FM para concesiones comunitarias e indígenas. En la práctica, las concesiones del tercer sector representan apenas el 17 por ciento del espectro radioeléctrico, y las comunitarias e indígenas juntas no llegan al 6 por ciento del total. De las 417 concesiones del tercer sector vigentes en el censo, solo 97 estaban realmente en operación.
El acceso a una concesión exige demostrar capacidades técnicas, jurídicas y económicas que las comunidades indígenas y rurales no pueden cumplir. El financiamiento permitido por el artículo 89 de la ley —donativos, aportaciones comunitarias, venta de contenidos, publicidad oficial— está pensado para asociaciones civiles urbanas, no para radios campesinas. Y las radios que operan sin concesión enfrentan, vía los artículos 304 y 305 de la misma ley, sanciones penales y administrativas. La relatora especial de Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz documentó en 2017 agresiones sistemáticas y asesinatos de comunicadores comunitarios e indígenas en México. La criminalización es real, no metafórica.
En el ámbito digital, donde Somoselmedio opera, el panorama es distinto pero no menos precario. Los medios digitales del tercer sector son apenas el 11 por ciento de los cibermedios mexicanos. Los más consolidados —los que se autodefinen como “independientes”, centrados en periodismo de investigación y derechos humanos— suelen estar constituidos como asociaciones civiles. Los que se nombran “libres”, “comunitarios” o “alternativos” tienen mayor diversidad de formatos pero operan con más precariedad estructural, dependen más de redes sociales que de plataformas propias, y sostienen su trabajo mayoritariamente con voluntariado.
La paradoja es esta: los medios libres digitales tienen, en teoría, libertad total para financiarse, porque ninguna ley les restringe el acceso a recursos. Pero el modelo de negocio de los medios digitales —tráfico, publicidad programática, posicionamiento en plataformas— es justamente lo que destruye su autonomía editorial. Aceptar la lógica del mercado para sobrevivir significa aceptar las mismas condiciones contra las que estos medios se constituyeron. La trampa es estructural.
Qué hace libre a un medio libre
Después de todo este recorrido, podemos volver a la pregunta inicial con más herramientas. ¿Qué hace que un medio sea libre, más allá de la etiqueta?
No es la tecnología que usa: hay medios libres que transmiten en FM y otros que solo existen en la web. No es la figura legal: hay asociaciones civiles que son libres y otras que son indistinguibles de una empresa comercial. No es siquiera la temática: hay medios libres que cubren cultura y otros que cubren violencia institucional. Lo que define a un medio libre es la articulación de tres cosas: una praxis editorial que coloca a las víctimas, comunidades y movimientos al centro, no como dato secundario; una estructura de financiamiento que no compromete la línea editorial con anunciantes oficiales, partidos políticos o grupos económicos hegemónicos; y un vínculo orgánico con las comunidades cuyas luchas documenta —no como objeto de cobertura, sino como interlocutoras del proyecto.
Esa triple articulación es difícil de sostener. Por eso son pocos los medios que la logran durante años. Por eso, también, los que la sostienen suelen pagar el costo en cuerpo: en jornadas no remuneradas, en colaboraciones gratuitas, en el desgaste de equipos pequeños que cargan trabajos enormes. Hay una sola forma de romper esa lógica: que las comunidades que leen estos medios decidan sostenerlos. Somoselmedio lleva 14 años pagando ese costo. Ahora puedes ser parte de lo que lo hace posible.
Catorce años después: por qué esto no es una columna abstracta
Escribo este texto desde un lugar concreto. Fundé Somoselmedio en abril de 2012, en el contexto de la huelga estudiantil en defensa del modelo educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo fundé porque las historias que importaban en ese momento —la defensa de la UACM, las comunidades que resistían megaproyectos, las familias que ya buscaban a sus desaparecidos en un país que no los registraba— no estaban siendo contadas, o estaban siendo contadas mal.
Catorce años después, seguimos aquí. Estuvimos en Ayotzinapa la madrugada del 26 de septiembre de 2014 y no nos fuimos: dos años de estancias recurrentes en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, seguimiento mensual de las acciones de madres y padres hasta hoy. Acompañamos durante ocho años la resistencia de Temacapulín contra la presa El Zapotillo. Documentamos caravanas migrantes, conflictos territoriales, búsquedas de personas desaparecidas. Construimos un archivo de más de 7,000 textos y 20,000 fotografías que es, hoy, patrimonio documental de los procesos sociales que México ha vivido en este siglo.
Recientemente lanzamos un programa de membresía ciudadana. No es un muro de pago: todo lo que publicamos sigue siendo público y gratuito, porque creemos que el derecho a la información no se cobra. Es otra cosa. Es la materialización de lo que este texto ha venido argumentando desde el principio: los medios libres no se sostienen solos, no los sostiene el mercado, no los sostiene el Estado. Los sostienen las comunidades que reconocen en ellos una herramienta de su propia lucha.
Si algo de lo que hemos publicado en estos catorce años te informó sobre algo que los medios grandes ignoraron, si te ayudó a entender lo que estaba pasando en este país, si te acompañó en una búsqueda o en una rabia o en una esperanza, considera que alguien hizo ese trabajo sin red de seguridad. Y considera, también, que esa red ahora puedes ser tú.
Necesitamos 150 personas. Desde 50 pesos al mes. No es una cifra arbitraria: es lo que nos permite seguir trabajando con independencia durante el próximo año. Con más de medio millón de seguidores en redes, sabemos que esas 150 personas existen. Solo falta encontrarlas.
Referencias
Lemus Pool, M. C. (2017). Líneas de investigación preponderante sobre comunicación alternativa: de los orígenes a la era digital. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 2(5), 49–66.
Lemus Pool, M. C., y Cogco Calderón, A. R. (2019). Medios del Tercer Sector en México. Un análisis comparativo entre los medios concesionados y los medios sin regulación estatal. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 140, 93–112.
Tauli-Corpuz, V. (2017). Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México. Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
