Aunque en 25 entidades se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta determinado número de semanas, la centralización de los servicios, la falta de presupuesto y las trabas administrativas dificultan un acceso real y oportuno dentro del sistema público de salud.
Por Gabriela Martínez / @Gabz_Mtzc
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta determinado número de semanas en 25 entidades del país y de que el sistema público de salud cuenta con Servicios de Aborto Seguro, el acceso real y oportuno continúa siendo un camino lleno de obstáculos para muchas mujeres y personas con posibilidad de gestar.
La reciente investigación Voces por el derecho a decidir, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pone en evidencia que los avances legislativos no han sido suficientes para eliminar las barreras operativas, la centralización de los servicios y los estigmas que todavía persisten dentro de las instituciones públicas de salud.
De acuerdo con los datos presentados por Fundar, los Servicios de Aborto Seguro se distribuyen principalmente entre IMSS-Bienestar, que concentra el 42.5%; ISSSTE, 32.8%; IMSS Ordinario, 13.3%; Secretarías Estatales de Salud, 9.4%; y Pemex, 2%. Sin embargo, la existencia de estos servicios no garantiza por sí misma una atención oportuna para la interrupción del embarazo.
El informe muestra una marcada concentración geográfica de los servicios en zonas urbanas. Las experiencias recogidas en la investigación señalan que algunas usuarias que viven en zonas periféricas deben desplazarse desde muy temprano para obtener una ficha y acceder a la atención.
Estas condiciones pueden provocar la pérdida de días cruciales para quienes buscan interrumpir un embarazo dentro de los plazos establecidos. La situación se agrava por los horarios de atención: de acuerdo con la investigación, alrededor del 60% de las unidades opera de lunes a viernes y apenas 22% ofrece atención durante las 24 horas.
A esto se suma que en algunas unidades persiste el uso del legrado uterino instrumental (LUI), una técnica invasiva que ha dejado de ser recomendada frente a otros métodos más seguros, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o la interrupción mediante medicamentos.
La investigación también pone atención en el presupuesto destinado a garantizar estos servicios. Los recursos públicos para aborto seguro han mostrado fluctuaciones durante los últimos años y, de acuerdo con Fundar, el financiamiento proveniente del Ramo 12 está dirigido al fortalecimiento de los servicios, pero no necesariamente cubre la totalidad de sus necesidades.
Entre 2020 y 2025, señala el informe, el Ramo 12 destinó 272 millones de pesos al fortalecimiento de los servicios de aborto seguro. En 2024 se asignaron 14.54 millones de pesos, mientras que para 2025 el monto ascendió a 91.46 millones.
Aunado a ello, la investigación advierte que actualmente no es posible conocer con precisión cuánto destinan instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, ISSFAM y Pemex específicamente a los servicios de aborto seguro, debido a la falta de mecanismos que permitan identificar y dar seguimiento de manera transparente a estos recursos.
Las barreras no son únicamente administrativas. El estigma social continúa influyendo en las condiciones en que mujeres y personas gestantes ejercen su derecho a decidir. Creencias religiosas, discursos conservadores y concepciones patriarcales en torno a la maternidad y el aborto pueden generar miedo a ser juzgadas o señaladas al momento de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo.
La investigación también recoge experiencias de mujeres que encontraron en servicios privados una atención más rápida, discreta y con mayor seguimiento. Frente a ello, las deficiencias del sistema público —como la falta de infraestructura, insumos, personal, horarios suficientes o disponibilidad de personal no objetor— pueden generar desconfianza entre quienes buscan acceder a estos procedimientos.
Esta diferencia también introduce una dimensión económica: cuando el acceso oportuno depende de pagar un servicio privado, las posibilidades de ejercer el derecho a decidir quedan condicionadas por los recursos de cada persona.
Frente a este escenario, Fundar plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas, descentralizar los Servicios de Aborto Seguro, ampliar días y horarios de atención, garantizar personal capacitado y no objetor, así como disponer de medicamentos, insumos e infraestructura suficientes.
La investigación también plantea fortalecer el acceso a información confiable y reconocer modalidades seguras de aborto con medicamentos y acompañamiento, de manera que las mujeres y personas con posibilidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir en condiciones de autonomía, seguridad, confidencialidad y respeto.
