Organizaciones estudiantiles, colectivos y familiares de víctimas marcharon del Metro Normal al Zócalo este 10 de junio para exigir justicia por la masacre del Halconazo. Denunciaron la impunidad de los crímenes de Estado y su continuidad en casos como Ayotzinapa, Nochixtlán y Mactumatzá.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías: Alejandra González /@gonzalezsolisalejandra
Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 10 de junio de 2025.— A 54 años de la masacre del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia por este crimen de Estado y denunciar la impunidad que persiste en México. La movilización, encabezada por el Comité 68, contingentes estudiantiles, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, partió del Metro Normal y concluyó en el Zócalo capitalino con la consigna: “¡Ni perdón ni olvido!”
El Halconazo fue perpetrado por el grupo paramilitar “Los Halcones”, durante una manifestación estudiantil pacífica. A más de medio siglo de aquel ataque, que dejó decenas de muertos y heridos, las demandas por justicia y verdad siguen vigentes. Así lo expresó la Coordinación Permanente Contra la Represión en un comunicado difundido durante la jornada de protesta.
“El genocidio cometido el 10 de junio de 1971 es un caso jurídicamente activo, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, afirmaron. “El Estado Mexicano cuenta con el marco jurídico y el aparato institucional para garantizar el pleno acceso a la justicia”.
Durante el mitin, también se denunció la continuidad de la represión estatal en casos recientes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución de Yanqui Khotan, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, la desaparición de Carlos Eduardo Castro Matías, normalista de Tiripetío, y el asesinato de Jesús Alaín, de Mactumatzá, ocurrido apenas el pasado 15 de mayo.
Además, señalaron el hostigamiento sistemático contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), así como el desmantelamiento del proyecto educativo de las normales rurales mediante políticas de asfixia presupuestal y criminalización.
En ese sentido, exigieron justicia para las comunidades normalistas y respeto a sus derechos organizativos:
“Las y los normalistas son pilares de sus familias y comunidades. Demandamos la solución inmediata a todos los pliegos petitorios de las normales rurales agremiadas a la FECSM”, subrayaron.
Asimismo, destacaron el respaldo abierto a las luchas del magisterio democrático —en particular a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)—, así como a los pueblos originarios que se han organizado en defensa de sus territorios, como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los pueblos otomíes de Mexquititlán y las Bases de Apoyo Zapatistas, entre otros.
Durante el mitin en el Zócalo, el Comité 68, a través de su integrante Félix Hernández Gamundi —exdirigente del movimiento estudiantil de 1968—, exigió la reapertura de los procesos judiciales iniciados en 2003 para juzgar a los responsables del Halconazo, detenidos por la entonces Procuraduría General de la República.
“El poder judicial mexicano declaró prescritos los crímenes cometidos el 10 de junio de 1971, ignorando que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos por cualquier gobierno del mundo, independientemente del tiempo y lugar en que hayan sido cometidos”, denunció Hernández Gamundi.
La Coordinación Permanente también repudió el homenaje que el Ejército mexicano rindió el pasado 12 de mayo al General Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y considerado uno de los principales responsables de la política de contrainsurgencia que derivó en la represión del 10 de junio.
“Nos pronunciamos de manera enérgica contra el proceso de militarización que se ha profundizado en los últimos años. Es inaceptable que se rindan homenajes a quienes perpetraron crímenes de Estado”, apuntaron.
Finalmente, los colectivos convocantes denunciaron la criminalización de la protesta social, la represión contra periodistas, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, y la violencia estructural que calificaron como una “guerra contra el pueblo”.
En un acto de solidaridad internacionalista, exigieron además que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ante los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y libanés.
“La violencia actual es resultado de la impunidad del pasado”, concluyeron. “Nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. La memoria florece”.
