El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunció, a través de un comunicado de prensa, que el juicio oral de los 16 defensores comunitarios, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), se pospuso hasta el 3 de junio de 2019.
El juicio iniciaría la mañana del 22 de mayo, en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares (Acapulco, Guerrero), por el proceso de criminalización.
Ante ello, El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, junto con Tlachinollan, pidieron, nuevamente, garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas.
Exigieron poner fin al patrón de criminalización indebida de las y los defensores en México.
“El Observatorio y Tlachinollan reiteran su preocupación por el patrón de criminalización de las personas defensoras en México por acción legítima y pacífica, que busca tratar de acallar sus voces y anuncian que en el día de hoy han presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas el caso de los 25 integrantes del CECOP que han sido detenidos arbitrariamente. El caso se sumaría así, al patrón de criminalización que ha sido corroborado por el propio Grupo de Trabajo que, en los últimos años, ha emitido 8 Opiniones en las que declaraba la detención en México de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata.”
Por su parte, integrantes del CECOP, mediante la petición Ni Presa, Ni Presos; denunciaron acoso y hostigamiento por parte del gobierno, ante la oposición del proyecto.
Exigieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, la liberación inmediata de los 16 miembros del CECOP.
“Como mexicanos y mexicanas queremos pedirle la liberación inmediata de los 16 indígenas miembros de la CECOP cuyo delito fue defender sus tierras y bienes naturales contra la Presa La Parota. Las múltiples violaciones del debido proceso, la tortura y las circunstancias arbitrarias e ilegales de los arrestos demuestran que hay intereses políticos y económicos contra las comunidades que se oponen a la Presa.”
El Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota es una de las 300 presas programadas de México a Panamá. Sin embargo, lo que inició como un interés económico para generar y acumular energía; se convirtió en un conflicto al no consultar a las comunidades afectadas.
