La Segunda Sala Penal de Oaxaca ratificó las órdenes de captura contra integrantes de Eloxochitlán de Flores Magón, en un caso que data de 2014. Organizaciones denuncian persecución política y exigen su cancelación.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 24 de junio 2025.- Este 24 de junio, la Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia de Oaxaca confirmó la existencia de 200 órdenes de aprehensión contra miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, incluyendo a 8 mujeres defensoras de derechos humanos, cada una con cinco acusaciones en su contra. Los cargos se remontan a enfrentamientos ocurridos en 2014, aunque no fueron presentados formalmente ante un juez hasta 2016, en el contexto de un largo conflicto con poderes caciquiles locales.
Según el comunicado de IM-Defensoras, estos procesos judiciales forman parte de una estrategia de asedio y desplazamiento forzado contra la comunidad, que desde hace más de una década resiste el control territorial y la explotación extractivista del río Xangá Ndá Ge. La organización Mujeres Mazatecas por la Libertad denunció que la reactivación de las órdenes, nueve años después de los hechos, es una “maniobra política” para criminalizar a la población.
Sin embargo, las personas señaladas ya demostraron su inocencia en múltiples instancias judiciales. En los últimos años, se han obtenido más de 13 amparos y 25 resoluciones de libertad a su favor. Además, en 2016, un juez determinó que no era posible individualizar los delitos, ya que la denuncia original fue presentada de manera genérica, violando el principio de derecho penal individual.
“Este es el caso de las 8 compañeras que están siendo criminalizadas, bajo acusaciones falsas, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad”, señaló IM-Defensoras. La red, junto con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, exigió la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y el cese de la persecución contra las defensoras y el resto de la comunidad.
Ambas organizaciones “exigimos la inmediata cancelación de las órdenes de aprehensión y el cese de la criminalización de las 8 defensoras y del resto de integrantes criminalizados de la comunidad de Eloxochitlán”, expresaron. Esta demanda subraya la urgencia de detener lo que consideraron una persecución injustificada y una vulneración sistemática de los derechos humanos de la comunidad mazateca.
Las organizaciones también demandaron a las autoridades garantizar la seguridad y protección de Eloxochitlán, poniendo fin al hostigamiento y al desplazamiento forzado impulsado por poderes caciquiles y corruptos, lo cual implica “que se tomen las medidas necesarias para poner fin a la persecución, asedio y desplazamiento forzado que desde hace más de una década sus integrantes están enfrentando”.
El llamado se extiende a que se investiguen y sancionen a los responsables de esta década de agresiones, garantizando así un ambiente de paz y respeto para los mazatecas. “La comunidad tiene el legítimo derecho a defender su territorio y el río Xangá Nda Ge frente a los intereses extractivistas que lo amenazan”, subrayaron.
Cabe destacar que el caso generó preocupación entre colectivos nacionales e internacionales, que llamaron a mantenerse vigilantes y a expresar solidaridad con las defensoras criminalizadas. La persistencia de estos procesos judiciales, pese a las resoluciones favorables previas, refleja un patrón de criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.
Ante la gravedad de la situación, IM-Defensoras urgió a la comunidad internacional a pronunciarse y a exigir justicia para Eloxochitlán. “No podemos permitir que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de represión”, concluyó el comunicado.
