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OPINIÓN Institucionalidad resquebrajada

Por El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

La capital del estado quedó desolada. La población totalmente inerme, sometida bajo el fuego de la delincuencia que tomó el control de la ciudad este sábado 8 de julio, para causar terror y demostrar su poder. La peor actuación fue la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno; la inacción de las corporaciones policiacas y el repliegue de la guardia nacional. Los políticos, a diferencia de los eventos públicos donde lucen sus mejores atuendos, no dieron la cara, ni actuaron para hacer valer el estado de derecho. Brillaron por su ausencia y se distinguieron por su silencio. Fueron indiferentes y ajenos al drama de la gente. Se desentendieron de esta grave situación que requiere intervenciones inmediatas y toma de posturas claras y firmes. Mostraron que no tienen temple ni compromiso con la población ante los momentos más críticos y desafiantes, como es la violencia y la inseguridad que impera en Chilpancingo.

Las familias no tuvieron otra alternativa que bajar las cortinas de sus negocios y cerrar las puertas de sus domicilios para librarse de las balas. Fue muy evidente la descoordinación y la probable complicidad o temor de los cuerpos policiales, que ante el reporte de un periodista que grababa en su celular, de cómo se quemaba un taxi (después de que el chofer había sido balaceado), su reporte y llamada de auxilio no fue atendido por los cuerpos de seguridad.

Es inaudito que, en plena capital donde se encuentra el mayor número de efectivos militares y corporaciones policiacas (después del puerto de Acapulco) demuestren impericia, desconocimiento y desconcierto sobre el modus operandi de los grupos de la delincuencia. Es inconcebible que la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz no cuente con información detallada sobre las rutas, escondrijos y modos de operar del crimen, y que no tengan una cartografía útil para diseñar intervenciones inteligentes y contundentes.

Lo que este sábado padecieron los habitantes de la capital, ya lo han experimentado guerrerenses de otras regiones y municipios, como Ciudad Altamirano, San Miguel Totolapa, Ajuchitlán del Progreso, por mencionar algunos. Esto mismo sucede en Iguala, Taxco, Acapulco, Zihuatanejo y Tixtla, los municipios más importantes del estado que han sucumbido ante el poder creciente del crimen organizado.

Lo que caracteriza a los gobiernos municipales es su debilidad para regir con visión y firmeza las riendas del municipio. No se deciden a extirpar de tajo la corrupción y las redes delincuenciales que están interconectadas con los grupos políticos que pululan en el estado. Muchos presidentes y presidentas municipales están supeditadas a intereses macrodelincuenciales que trascienden los ámbitos locales. La mayoría desempeña el rol de peones del ajedrez, que son sacrificables y tienen la obligación de obedecer y proteger a sus jefes. Los grupos políticos que se han enquistado en la estructura gubernamental desempeñan un rol perverso; disputan cargos públicos a través de los partidos políticos para acceder a los recursos públicos y establecen alianzas con las organizaciones criminales, para hacer negocios privados con las redes de la economía criminal. Los amarres y acuerdos de las autoridades municipales son parte de la ingobernabilidad que predomina al interior de los ayuntamientos, porque pactan con grupos del crimen organizado para asegurar triunfos electorales. Estas componendas truculentas son las que robustecen la criminalidad gubernamental.

Lo más crítico es que las mismas autoridades son las que delinquen, las que violan la ley de manera pública o soterradamente. Actúan con total impunidad y se aferran al poder, sin que les importe que han violentado los derechos humanos de la población, porque cuentan con apoyo de su partido y sus padrinos políticos. Buscan acuerdos con otras fuerzas partidistas para negociar prebendas y establecer acuerdos al margen de la ley. Hacen negocios entre las cupulas partidistas que actúan al estilo de las mafias. Lamentablemente los comportamientos de muchos funcionarios se circunscriben en este circuito de la criminalidad, aparentando pulcritud, honestidad y apego a la legalidad, con discursos huecos y eventos suntuosos que solo sirven para el lucimiento personal y el culto a la personalidad.

Las actuaciones de las autoridades municipales son consentidas y toleradas por sus mismos coterráneos, por ese ambiente de permisividad e impunidad que han implantado los mismos gobernantes, que se sienten intocables e inmunes ante la ley. Lo grave de esta crisis de gobernabilidad es que hay contubernio, permisividad y tibieza para actuar. La mayoría de los políticos no reaccionan en favor de la población, se quedan pasmados, impávidos, displicentes, como si fueran normales los hechos que agravian a toda la sociedad y que atentan contra la vida de los guerrerenses. No reaccionan para contener esta avalancha delincuencial, mucho menos escuchan el clamor de una sociedad lastimada, tampoco analizan autocríticamente las graves falencias del modelo de seguridad que requiere una disección profunda de los tejidos dañados que existen en los sistemas de seguridad y justicia del estado.

El hermetismo con el que actúan no solo se ha distanciado del sentir de la población y los ha hecho insensibles al dolor, sino que han ignorado a las víctimas, a los organismos que las acompañan, a las organizaciones sociales que desde abajo construyen sus propios mecanismos de seguridad y autocuidado. No hay canales de interlocución con la multiplicidad de actores sociales que desde sus propios espacios luchan y defienden sus derechos básicos. El mismo modelo de seguridad comunitaria de la CRAC-PC, que a lo largo de 3 décadas ha demostrado ser exitoso entre los pueblos indígenas y afromexicanos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, es ignorado y estigmatizado por los políticos mestizos. Lo catalogan como un sistema arcaico, remarcando sin fundamento y prejuiciosamente que promueven la justicia por propia mano. Persiste en la clase política una visión racista sobre lo que es la cultura y el derecho de los pueblos, que son parte de la riqueza cultural y del pluralismo jurídico que robustece nuestro sistema democrático.

En nuestro estado, el poder legislativo no tiene la representatividad ni la calidad política para valorar y reconocer la enorme contribución de los pueblos indígenas y afromexicanos en las grandes transformaciones de nuestro país. Nuestros héroes como José María Morelos, Vicente Guerrero, los hermanos Galeana, Ignacio Manuel Altamirano, Juan Álvarez, son parte de estos pueblos que abrevaron de estas culturas y normas comunitarias. Tuvieron una visión humanista cimentada en los derechos humanos, sobre todo para revertir la desigualdad, de moderar la opulencia y la pobreza para lograr una mayor igualdad social. Morelos se negó a ser tratado como “excelentísimo” y más bien pidió ser llamado “siervo de la nación”, para demostrar su estatura moral y dar lecciones de sencillez y de servicio a la sociedad.

A pesar de estos ejemplos que han marcado nuestra historia, los diputados y diputadas mestizas actúan con arrogancia y despotismo. Su soberbia les impide tratar con respeto a la gente del vulgo, a quien consideran inculta. Su visión corta y reduccionista de lo que es el pluralismo jurídico los obnubila y no aceptan la iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que desde diciembre de 2019 se presentó ante el pleno del Congreso para ser dictaminada. Sin embargo, la mayoría de las fracciones parlamentarias la vetaron.

En Guerrero seguimos en el coloniaje y con la ley de la selva. Los usurpadores del poder político son los que imponen las leyes a los pueblos indígenas y afromexicanos que trata como súbditos. Los políticos mestizos se han erigido como la clase iluminada que se siente con poder y autoridad para negarle el derecho que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos a autogobernarse. Han optado por dividir a las comunidades y establecer pactos en los municipios indígenas con las organizaciones criminales. Son férreos opositores para que los pueblos sean sujetos de derecho y ejerzan su libre determinación. Saben que con estas reformas los partidos perderían fuerza y representatividad en una treintena de municipios de Guerrero, donde la población se adscribe como indígena o afromexicano.

El poder judicial en nuestro estado no ha desempeñado un papel clave para ser garante de los derechos de las víctimas. Sigue siendo un poder opaco y atado a los intereses políticos y económicos de las elites. Su mayor debilidad es su subordinación al poder ejecutivo que resquebraja la independencia del poder judicial. Este principio debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decida sobre los derechos de la persona. Los jueces y juezas sólo pueden ser dependientes a lo que la Constitución mandata. La conformación de este poder no puede, por ningún motivo y bajo ninguna excepción estar al arbitrio de intereses de particulares que ponen en entredicho la independencia judicial.

Un caso que preocupa a la oficina de la ONU-DH, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a las organizaciones sociales y a los colectivos de víctimas es el defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, quien fue desaparecido en octubre de 2019 y encontrado en una fosa clandestina de la periferia de Tlapa, a más de 3 metros de profundidad. Desde que se ejecutó la orden de aprehensión contra el autor intelectual el proceso penal ha estado marcado por irregularidades. La primera fue cuando un juez de control convocó de manera repentina para cambiar la medida cautelar del detenido, al argumentar con solo con recetas médicas, que el Covid 19 ponían en riesgo su salud al estar recluido. La medida cautelar que ordenó el juez fue prisión domiciliaria en lugar de la preventiva. Otra actuación irregular se dio en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que el juez de control convocó a otra audiencia para debatir la prisión preventiva. La determinación del juez fue cambiar la medida para otorgar la libertad al acusado. Actualmente el juez del juicio oral se niega a diferir la audiencia a solicitud de la esposa de Arnulfo que presenta problemas de salud. La premura del juicio responde a los intereses del acusado, que pone en entredicho la imparcialidad del juez al vulnerar los derechos de la víctima. El poder judicial sigue en deuda con la población más inerme que reclama justicia. La desconfianza de las víctimas en la rectitud y honestidad de los jueces son las grandes falencias de un poder que requiere demostrar en los hechos su independencia de los poderes públicos, y actuar con imparcialidad, sin ataduras de los intereses económicos.

El gran desafío de la gobernadora Evelyn Salgado es recomponer la institucionalidad resquebrajada. Para ello se requieren cambios de fondo. Implica desmontar la estructura delincuencial que está enraizada en los aparatos del estado. Es urgente e imprescindible investigar sin sesgos políticos a las autoridades y funcionarios que tienen vínculos con el crimen organizado. No puede haber inmunidad para quienes ostentan cargos públicos, son un peligro para la sociedad. Se debe sancionar ejemplarmente a los responsables e impulsar un frente común contra la corrupción y la impunidad. Es impostergable restablecer la institucionalidad política que proteja los derechos fundamentales de una población atrapada por el miedo.

Nacional

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