Con tres muertes diarias por siniestros de tránsito en la capital, colectivos como Bicitekas A.C. y Salud Justa México presentaron una iniciativa ciudadana con 57 medidas para actualizar la Ley de Movilidad y priorizar la seguridad de peatones, ciclistas y grupos vulnerables.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de julio de 2025.– Con la urgencia que implica un promedio de tres muertes diarias por siniestros de tránsito, organizaciones civiles presentaron una iniciativa ciudadana para actualizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. El documento, integrado por 57 propuestas específicas, busca armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), aprobada a nivel nacional en 2022. Desde noviembre de 2023, la capital del país mantiene un rezago legal que las organizaciones calificaron como inadmisible.
Durante la presentación de la iniciativa, representantes de colectivos como Bicitekas A.C. y Salud Justa México advirtieron que la omisión legislativa no solo representa un incumplimiento normativo, sino que también sostiene un sistema que permite condiciones de riesgo para miles de personas. Claudia Moreno, integrante de Salud Justa, subrayó que el Congreso de la CDMX ya rebasó el plazo legal para adaptar la ley local, y denunció la falta de voluntad política pese a que existen medidas claras y probadas para reducir las muertes viales.
La propuesta presentada recoge el enfoque internacional de Sistema Seguro promovido por la Organización Mundial de la Salud, el cual establece que las calles deben diseñarse con la conciencia de que los errores humanos son inevitables, pero las fatalidades no lo son. Con base en este principio, las medidas están orientadas a garantizar calles más seguras para todas las personas, en particular para los grupos históricamente excluidos de la planeación urbana como peatones, ciclistas, personas mayores y con discapacidad.
Areli Carreón, representante de Bicitekas, explicó que la iniciativa no solo responde a criterios técnicos sólidos, sino también a una exigencia social creciente por transformar la cultura vial en la capital. En sus palabras, se trata de un paquete legal impostergable, porque cada día que pasa sin armonizar la ley, se multiplican las tragedias en calles y avenidas de la ciudad.
Uno de los cambios más destacados es la incorporación del artículo 239 Bis 4, que propone medidas concretas para prevenir siniestros. Entre ellas se incluyen la tolerancia cero de alcohol para conductores noveles, el uso obligatorio y fiscalizado de cinturón de seguridad y casco, así como mecanismos de control de velocidad más estrictos, respaldados por evidencia internacional.
La iniciativa también plantea la creación de un sistema de atención prehospitalaria con tiempos de respuesta verificables, la regulación de autoescuelas mediante planes de estudio homologados y evaluaciones prácticas obligatorias, y la implementación de políticas de seguridad vehicular que prioricen tecnologías protectoras, especialmente en flotillas de transporte público.
Aunque la Constitución local reconoció el derecho a la movilidad desde 2020, su legislación secundaria no ha sido actualizada a la altura de ese compromiso. Las organizaciones señalaron que esta contradicción entre el discurso y la práctica debe resolverse cuanto antes, y confiaron en que la próxima legislatura, que inicia funciones en septiembre, retome esta deuda y apruebe la propuesta antes de que termine el año.
En el cierre del encuentro, las organizaciones subrayaron que los siniestros viales no son accidentes inevitables, sino eventos prevenibles que requieren decisiones políticas. En un contexto donde la violencia vial es la principal causa de muerte entre jóvenes, la iniciativa ciudadana representa una ruta clara para actuar con responsabilidad y urgencia. La movilidad segura no puede seguir esperando.
