Colectivos de derechos humanos advirtieron que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados consolidan un sistema de vigilancia sin controles judiciales ni transparencia, y representan una grave amenaza a las libertades en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de junio de 2025.- “Rechazamos enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo Federal que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal”, advirtieron diversas organizaciones en un comunicado emitido tras la aprobación en la Cámara de Diputados del paquete de reformas relacionadas con la Guardia Nacional.
El martes 24 de junio, la Cámara aprobó reformas que, según el pronunciamiento, “legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por ‘motivos de seguridad nacional’, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones”.
El comunicado señala con preocupación que las modificaciones eliminan el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a “datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles”. Para las organizaciones firmantes, esto representa una regresión grave en materia de protección de la privacidad.
“La vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente”, indicaron, recordando la investigación Ejército Espía, que reveló el uso de software Pegasus contra periodistas, activistas e incluso funcionarios públicos. “En dichos casos, la impunidad es absoluta”, denunciaron.
Otra de las reformas aprobadas permite que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, lo cual ya había sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023. Según el comunicado, esta técnica “podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían”.
Las organizaciones también denunciaron la falta de transparencia y discusión pública durante el periodo extraordinario del Congreso, donde se discutió el paquete completo de reformas. “No se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto”, reclamaron, alertando que la aprobación conjunta de estas leyes “representan una amenaza directa para los derechos humanos”.
Entre otras iniciativas aprobadas destacan las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, las cuales ordenan “la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios”.
Asimismo, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen como obligatoria la “CURP biométrica” para acceder a servicios públicos y privados, y establecen una Plataforma Única de Identidad para “validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real”. Este sistema se vincula con la creación de la “Llave MX”, contemplada en la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos aprobada por el Senado.
Sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el comunicado señala que “profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía” al mantener el acceso sin controles judiciales a datos personales y geolocalización. Además, “el último dictamen incorpora a las ‘instancias de inteligencia’ de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas”.
Para las organizaciones firmantes, “la consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”.
El pronunciamiento finalizó con un llamado: “Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población”.
