El día de ayer por medio de un comunicado la Red de Periodistas y Personas Defensoras de DDHH exigieron paz y en apoyo a las víctimas de violencia y sus familias en estos momentos de inseguridad prolongada y secuelas del crimen que cada día es más doloroso en Sinaloa.
Redacción por Astrid Salgado/ X @AstridGSG
Culiacán, Sinaloa, 26 de julio de 2025.- A un año del inicio de la actual crisis de seguridad en Sinaloa, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos emitió un posicionamiento público para exigir un alto a la violencia que ha dejado más de mil 500 asesinatos, un número similar de desapariciones y cientos de personas desplazadas, según cifras oficiales recopiladas por la prensa local.
En un comunicado difundido el pasado 25 de julio, la organización denunció que la inseguridad prolongada ha trastocado los principios fundamentales de legalidad, tranquilidad y civilidad en la entidad. “La violencia cada día es más dolorosa”, afirmaron, y advirtieron que los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han tenido consecuencias profundas y difíciles de revertir para la sociedad sinaloense.
Además de visibilizar el impacto social, la Red denunció la ineficacia de las autoridades para contener la violencia. Aseguraron que en numerosas ocasiones los periodistas han llegado primero a las escenas del crimen que las propias autoridades, como ocurrió el 14 de julio en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, donde reporteros documentaron enfrentamientos armados sin presencia ministerial ni de seguridad pública por más de 24 horas.
El comunicado advierte que las coberturas periodísticas en Sinaloa se realizan en condiciones extremas, poniendo en riesgo la vida de reporteras y reporteros que, pese al peligro, cumplen con la responsabilidad de mantener informada a la ciudadanía frente a lo que calificaron como una “narcoguerra” en curso.
Ante este panorama, la Red enfatizó que el gremio periodístico no es parte del conflicto, ni debe asumir las consecuencias del abandono institucional. Señaló que la labor informativa es esencial para defender los derechos humanos, promover la transparencia y fortalecer la democracia, por lo que exige garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión.
En su posicionamiento, las y los firmantes lanzaron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para:
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Cumplir con su deber constitucional de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
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Establecer protocolos claros de coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y medios de comunicación en coberturas de alto riesgo.
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Verificar que los medios cuenten con políticas de prevención y protección para su personal.
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Garantizar la presencia oportuna de autoridades ministeriales en los lugares donde ocurren los hechos violentos.
La Red instó a sumar esfuerzos entre sociedad civil, medios de comunicación, instituciones gubernamentales y organizaciones defensoras de derechos humanos para construir condiciones que permitan el libre y seguro flujo de información, clave para una sociedad justa y participativa.
“La seguridad no se implora, se exige”, concluye el comunicado. “No podemos resignarnos a ser una sociedad derrotada y vulnerada. Urge contribuir a la paz social que merecemos”.
