Caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas Rodríguez, condenó la filtración de documentos por parte de la Fiscalía General de la República.
Por Redacción / @Somoselmedio
Este viernes se presentó una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa.
Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para ingresar la denuncia por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.
Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo.
Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
El 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.
En total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados.
Respecto a la filtración de documentos entregados a la FGR por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, condenó la filtración de estos documentos y exigió a la FGR una investigación inmediata.
Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa.
Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
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Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentó la filtración de los documentos que revictimiza a las familias y la cancelación de algunas órdenes de aprehensión por parte de la FGR.
