Por Sonia Sagrero/@sagrero_sonia
A través de la sesión de pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), las y los ministros de dicho órgano, avalaron el proyecto del Ministro Jorge Mario Rebolledo, quien revocó la sentencia y se encargó de ordenar la absoluta libertad de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) y pobladores de la misma comunidad.
En donde importa resaltar que ambos se encontraban privados de su libertad desde hace aproximadamente tres años, con motivo de haber expulsado a los partidos políticos de la comunidad Nahuatzen, en la meseta purépecha, en Michoacán.
A través de esto, cabe recordar que los pobladores de la comunidad Nahuatzen, estaban acostumbrados a vivir entre robos, asesinatos, secuestros, narcotráfico y la destrucción de sus bosques, en donde importa mencionar que las autoridades municipales, estatales y federales, no tomaban las medidas necesarias para detener los hechos.
Ante esto, los pobladores tomaron la decisión de organizarse para conseguir “su libre autodeterminación” y así, poder sacar tanto a los partidos políticos, como al crimen organizado, de sus territorios.
Fue para el año 2015 cuando la comunidad Nahuatzen ya organizada en asamblea, decidió “desconocer a los partidos políticos” y con ello, poder conformar su Concejo Indígena de Gobierno. Mientras que para el año 2017, el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán, se dio a la tarea de reconocer legalmente al Concejo de Nahuatzen.
Importa resaltar, que dicho reconocimiento molesto bastante al gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, quien mantiene una campaña de “desprestigio, hostigamiento, represión y amenazas” contra el Concejo de Gobierno de la comunidad purépecha.
Asimismo, la Red Solidaria de Derechos Humanos, organización que acompañó la lucha de la comunidad Nahuatzen desde el año 2018, dio a conocer que existieron agresiones por parte del municipio y del propio gobierno estatal en contra de los integrantes del Concejo Comunitario, con el fin de “desarticular la lucha por la autonomía de la comunidad”.
Con ello, el gobierno estatal de Silvano Aureoles, mantuvo presos al comunero José Gerardo Talavera Pineda y a los concejales, José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez, quienes fueron acusados de un supuesto robo y sabotaje. En donde dichas detenciones se realizaron con violencia, pues fueron golpeados durante los primeros días de detención.
Ahora bien, después de más de tres años de privar la libertad de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), celebran la decisión, después de haber acompañado el caso durante el tiempo mencionado.
En base a esto, se dio a conocer que, por votación unánime, se aprobó el proyecto, en el cual se destaca “la necesidad de investigar los actos de tortura y malos tratos” hacia José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, de manera independiente, imparcial y meticulosa. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección a los DDHH por parte del Estado de Michoacán.
De acuerdo a lo anterior, se mencionó que todo proceso penal que involucre a una persona indígena, tiene el derecho a otras cosas, como: “gozar del reconocimiento de la diversidad cultural y a ampararse de derechos como la autodeterminación, el autogobierno, la aplicación de sus propios sistemas autonormativos, a la tierra, el territorio y sus recursos naturales, y al pleno acceso a la jurisdicción del Estado”.
Finalmente, se argumentó que el veredicto del máximo tribunal, “representa un importante precedente para todas las comunidades indígenas en nuestro país”, así como José Antonio y José Luis, hoy enfrentan la criminalización, la persecución, violencia y el desplazamiento por el ejercicio de sus derechos como comunidades indígenas.
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