- Se reúne subsecretario de Derechos Humanos con las familias en vísperas del 13 aniversario de la tragedia
Ciudad de México, 18 de febrero de 2019. El Gobierno federal se comprometió con las familias del caso Pasta de Conchos a establecer una mesa de trabajo interinstitucional a partir de la siguiente semana para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros que permanecen atrapados desde hace 13 años en la mina de San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Grupo México.
En reunión con una representación de las familias que mantienen un litigio por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, estableció que en la mesa participarán, además de la Segob, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los deudos.
De concretarse la recuperación de los restos, se podría intentar solucionar integralmente el caso a nivel interno, atendiendo aspectos como la justicia y la reparación integral, consideraron las familias. Lo anterior constituiría un precedente por la magnitud y naturaleza de este caso paradigmático.
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad. Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes, la poderosa empresa decidió suspender el rescate.
Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. La falta de respuestas en la justicia mexicana, que ni recuperó los restos ni sancionó penalmente a nadie por los hechos, obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos. En febrero de 2018 la CIDH declaró admisible el caso.
