En una audiencia clave en Washington, organizaciones sociales denunciaron el avance del crimen organizado sobre las instituciones de justicia y propusieron estrategias ciudadanas para combatir la impunidad desde un enfoque de derechos humanos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de julio 2025.- Durante una audiencia celebrada el pasado 23 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), veintiocho organizaciones de la sociedad civil, entre ellas EDUCA, advirtieron sobre la creciente influencia del crimen organizado en los sistemas judiciales de América Latina. Bajo el título “Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada y estrategias innovadoras desde la ciudadanía”, la audiencia sirvió como espacio de denuncia y articulación de propuestas frente a una realidad que pone en riesgo la democracia y los derechos fundamentales en la región.
Las organizaciones participantes alertaron que el crimen organizado ha dejado de estar limitado al narcotráfico para diversificarse hacia otras economías ilícitas, como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, el lavado de activos y la extorsión sistemática. Lo más preocupante, dijeron, es que estas redes han desarrollado estructuras transnacionales y altamente flexibles, aprovechando la corrupción y estableciendo vínculos con actores políticos, empresariales y financieros. Esa captura institucional compromete seriamente la independencia judicial, mina el Estado de derecho y deja a las poblaciones más vulnerables —comunidades marginadas, defensores de derechos humanos y periodistas— en un estado de indefensión creciente.
Durante su intervención, las organizaciones destacaron que el verdadero peligro del crimen organizado no reside únicamente en la violencia explícita, sino en su capacidad de corromper las instituciones, debilitar los mecanismos de justicia y vaciar de contenido los principios democráticos. Señalaron que esta situación ha generado un ambiente de impunidad en el que las voces críticas enfrentan amenazas constantes y represalias por su labor de denuncia y defensa.
Frente a este panorama, propusieron una serie de estrategias que parten del fortalecimiento ciudadano y del enfoque de derechos humanos. Insistieron en la urgencia de producir conocimiento independiente que permita comprender las dinámicas internas de las redes delictivas y sus relaciones con las élites de poder. También subrayaron la necesidad de dotar a los ministerios públicos de capacidades técnicas, metodológicas y jurídicas que les permitan investigar delitos complejos, sin interferencias externas ni presiones políticas.
Uno de los aspectos más enfatizados fue la protección integral de quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo. Las organizaciones coincidieron en que estos actores, fundamentales para el combate a la impunidad, deben ser reconocidos por los Estados como sujetos estratégicos de protección, mediante protocolos de atención rápida, medidas preventivas y recursos suficientes para garantizar su seguridad.
Otra de las propuestas presentadas ante la CIDH fue la exigencia de que los bienes decomisados a organizaciones criminales sean utilizados con fines sociales, destinados a reparar el daño causado a las comunidades más afectadas por la violencia y la corrupción. Este tipo de medidas, argumentaron, no solo debilitan financieramente a los grupos delictivos, sino que también refuerzan el mensaje de que los recursos obtenidos de manera ilegal deben revertirse en beneficio de la sociedad.
Finalmente, las organizaciones llamaron a la CIDH a instar a los gobiernos de América Latina a establecer mecanismos permanentes de diálogo con la sociedad civil, no solo como una medida de participación simbólica, sino como una herramienta efectiva para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas contra el crimen organizado. Señalaron que solo mediante una colaboración estrecha entre instituciones y ciudadanía será posible construir estrategias sostenibles, con legitimidad social y eficacia a largo plazo.
En un contexto de alta conflictividad, violencia estructural e impunidad, la audiencia ante la CIDH marcó un precedente importante. Las voces ciudadanas no solo denunciaron la gravedad de la situación, sino que también ofrecieron un camino posible: uno que parte de la organización social, la justicia, la transparencia y la recuperación del sentido ético del poder público.
