Con mayoría simple, el Congreso de Jalisco avaló el incremento al costo del agua potable, mientras promete descuentos a colonias que padecen cortes y mala calidad del suministro. La decisión ha generado críticas por priorizar el cobro sin garantizar el acceso efectivo al derecho humano al agua.
El megaproyecto “El Salto I”, impulsado por Ad Astra Energía del Grupo VAZ, pretende operar con gas metano extraído por fracking y utilizar agua del acuífero Toluquilla, uno de los más sobreexplotados de Jalisco. Vecinos exigen detener la instalación y denuncian omisiones graves en la Manifestación de Impacto Ambiental.
La falta de agua o su correcto abastecimiento ha puesto a las y los habitantes de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México en un modo de supervivencia, pues tienen que hacer “circo, maroma y teatro” para poder recolectar la poca agua que les llega, sin bien les va, algunos días a la semana.
Representantes de comunidades originarias, ambientalistas y académicos advirtieron sobre el daño ambiental y social que provocaría un nuevo acueducto para extraer más agua del Lago de Chapala hacia Guadalajara. Acusan opacidad, violaciones a sus derechos y exigen un plan integral de restauración.
En los Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, la escasez de agua se convirtió en una crisis que afectó a cientos de familias. Martha, Carmen, Natalia y Norma, mujeres de la colonia, vieron cómo su vida cotidiana se trastornaba por la falta del recurso más básico.
Denuncian pérdida del 50% del agua por fugas, falta de transparencia y alza en tarifas pese a deficiencias. La campaña propone mayor participación ciudadana y reformas para modernizar el SIAPA en el Área Metropolitana de Guadalajara.
En el Día Mundial del Agua, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó sobre el rápido deshielo de los glaciares, una crisis climática que amenaza el acceso al agua de millones y afecta especialmente a los más vulnerables.
El Colectivo Luciérnaga retomó las jornadas de búsqueda en Tlapa, Guerrero, acompañado por autoridades, tras dos años de pausa. Las familias, en su mayoría mujeres na savi, me’pháá y nahuas, recorren cerros y barrancas donde se presume hay cuerpos enterrados clandestinamente.
