Ejidatarios y organizaciones del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco acusaron a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de Zacatecas de violar sus derechos colectivos mediante engaños y amenazas para reactivar el megaproyecto de la Presa Milpillas, cancelado desde 2019 por falta de permisos y oposición comunitaria.
A pesar del rechazo de 19 ejidos y la cancelación oficial del proyecto en 2019, autoridades federales y estatales reactivan reuniones a puerta cerrada en Jiménez del Teúl para imponer la Presa Milpillas.
Tras casi una década de resistencia, los habitantes de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, rechazan la construcción de la Presa Milpillas, denunciando que el proyecto pone en riesgo su forma de vida y viola su derecho a la autodeterminación. A pesar de las presiones gubernamentales, las comunidades mantienen firme su postura: "No daremos permiso para la presa".
Bajo el argumento de llevar el agua a donde más se necesita, autoridades de Zacatecas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretenden construir, en el municipio de Jiménez del Teúl, un embalse de almacenamiento, se proyecta por año represar 69.88 millones de metros cúbicos de agua, lo cual afectaría directamente a 19 ejidos, su producción local y población.
La realización de este megaproyecto conocido como Presa Milpillas sobre el río Atenco, se inició sin el menor respeto a los derechos de los ejidatarios y bajo argumentos de bienestar, pero como en todo megaproyecto lejos del beneficio social hay empresas que podrían verse favorecidas por la construcción del embalse y un acueducto que atravesaría la sierra; ZonaDocs visitó las comunidades afectadas por esta iniciativa del gobierno local como el federal y el reportero se percató que “casualmente” en el camino de la línea de conducción para el abastecimiento del agua que pretende llevarla al corredor urbano Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, hay mineras y productoras de cerveza.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
